El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que retirará los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, en una inédita decisión que el gobierno mexicano elogió y que algunos analistas comienzan a interpretar como un “regalo” del gobierno de Donald Trump a su vecino del sur por no reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden.
Sur Florida / apnews
El secretario de Justicia estadounidense, William Barr, señaló a través de un comunicado que la dependencia desechará el caso para que Cienfuegos “pueda ser investigado y, de considerarse apropiado, encausado conforme a las leyes mexicanas”.
Cienfuegos, imputado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, fue arrestado el mes pasado en Los Ángeles.
En la moción ante la corte, el fiscal interino Seth DuCharme, señaló que “Estados Unidos ha determinado que importantes y sensibles consideraciones de política exterior superan el interés del gobierno de continuar el proceso contra el acusado”.
Añadió que “las evidencias en este caso son sólidas” y que el retiro de cargos es “sin los efectos de cosa juzgada” para que “México pueda proceder primero”.
Samuel González, fundador de la oficina especializada en delincuencia organizada de la fiscalía mexicana, explicó a The Associated Press que eso significa que Estados Unidos podría restablecer los cargos si México no hace la investigación de forma adecuada.
En la petición del Departamento de Justicia también se indica que Cienfuegos aceptó voluntariamente volver a México y que el traslado se hará “sin dilación”.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el martes por la tarde que la decisión de Washington es fruto de casi un mes de negociaciones entre ambos países y que “no tiene nada que ver” con los comicios en Estados Unidos. “Son dos procesos diferentes”.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden con el argumento de que únicamente lo hará una vez que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales. Trump sostiene, sin presentar evidencia, que hubo un fraude en su contra.
Ebrard comentó que México había manifestado su rechazo a la detención del general por no haber sido notificado de la investigación y recordó que el gobierno estudia revisar su relación con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Por eso consideró positiva la decisión de Estados Unidos. “No la vemos como un camino a la impunidad sino cómo acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de México”.
Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a The Associated Press que el anuncio es “desalentador” y “decepcionante”, y consideró que habrá pocas probabilidades de que el general sea procesado en México, un país en la que más del 90% de los delitos no llegan a ser juzgados.
“López Obrador ha estado muy subordinado a Donald Trump en asuntos de inmigración y ha dudado en felicitar a Joe Biden”, dijo Vigil. “Esto no es más que un regalo, un enorme regalo” de Trump. añadió.
“Envía un mensaje muy negativo las agencias estadounidenses de que Donald Trump está dispuesto a manipular procedimientos jurídicos”, agregó.
Cienfuegos estuvo al frente del Ejército mexicano durante seis años en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y fue el exfuncionario de mayor rango en ser arrestado desde que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido en Texas en 2019. El gobierno de López Obrador no ha hecho público ningún intento diplomático por trasladar a García Luna para que sea juzgado en México.
Cienfuegos fue encausado por un jurado investigador en Nueva York en 2019 y acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H-2 a traficar con cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de Defensa entre 2012 y 2018.
Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones en contra de ese cártel pero se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos. También fue acusado de presentar a los líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano.
En documentos presentados ante la corte el mes pasado, los fiscales estadounidenses afirmaron que existía un elevado riesgo de que Cienfuegos se diera a la fuga y que utilizara “sus conexiones” con miembros del cártel del H-2 y con otros exfuncionarios de alto nivel “para que lo ayudaran a eludir a las leyes de Estados Unidos y protegerlo en México”. En caso de que hubiera sido condenado por los cargos que enfrentaba en Estados Unidos, enfrentaba una sentencia mínima de 10 años en una cárcel federal.
El Ejército mexicano ha sido acusado de frecuentes abusos a los derechos humanos, tanto bajo el mando de Cienfuegos como con sus antecesores y sucesores. Uno de los mayores escándalos en su época de secretario fue una masacre ocurrida en junio de 2014, cuando militares mataron a 22 sospechosos en una bodega en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y posteriormente se demostró que al menos 8 de ellos fueron ejecutados después de rendirse.
Barr dijo en un comunicado conjunto con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de desechar el caso en Estados Unidos en reconocimiento “a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad”.
Ebrard reconoció que la decisión “no tiene precedentes” pero rechazó que pueda calificarse de “extraña” y argumentó que el general debe se investigado en el país, ya que fue en México donde habría cometido sus presuntos delitos.
“¿Hay confianza en las instituciones mexicanas? Entonces que venga el general”, declaró Ebrard. ”¿No hay confianza ? Pues tampoco la habrá en ningún ámbito de cooperación”.
Antes de que Estados Unidos detuviera a Cienfuegos no había una investigación en México pero Ebrard explicó que en ese momento se abrió una indagatoria y desde el 6 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene toda la documentación de la pesquisa estadounidense.
El canciller no aclaró si el exsecretario quedará detenido una vez que ingrese al país y se limitó a decir que “será recibido” por la fiscalia, que será la que decida su situación jurídica.
__ Balsamo reportó desde Washington. Contribuyó con esta historia el periodista de The Associated Press Mark Stevenson, en Ciudad de México
