El Departamento de Justicia de Estados Unidos revirtió el martes su propia opinión legal y estimó que los reclusos federales fueron colocados en confinamiento domiciliario durante la pandemia de coronavirus permanezcan fuera de prisión.
Sur Florida / apnews
El secretario de Justicia Merrick Garland anunció la medida después de meses de presión sobre el presidente Joe Biden de parte de grupos de justicia penal, legisladores y otros activistas. En los últimos días del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia Dijo que los reclusos enviados a prisión domiciliaria tendrían que volver a la cárcel al concluir el periodo de emergencia que fue declarado durante la pandemia. Casi 3.000 reclusos habrían sido enviados de regreso a la cárcel.
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia dijo el martes que no se “alejó a la de nuestros precedentes y le hemos dado a las posturas expresadas en nuestra opinión previa una cuidadosa y respetuosa consideración”.
La oficina llegó a la conclusión de que las autoridades preexistentes de la Oficina de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) periodo de emergencia ”.
Los confinamientos domiciliarios originales se autorizaron en virtud de la ley CARES que firmó Trump en marzo de 2020. A medida que el virus se propagaba, el entonces secretario de Justicia William Barr instruyó a las prisiones federales incrementar el uso de confinamiento domiciliario y acelerar la liberación de reclusos en alto riesgo de infección que cumplieran ciertos requisitos a medida que aumentaban los casos de coronavirus, particularmente en ambientes de detención. Se les dio prioridad a aquellos en prisiones de seguridad baja e intermedia en donde el virus se propagaba con mayor velocidad.
“Miles de personas en confinamiento domiciliario se han reconectado con sus familias, han encontrado empleos remunerados y han seguido las reglas”, dijo Garland en un comunicado. “Ante la opinión que la Oficina de Asesoría Legal emitió este día, él girado instrucciones de que el Departamento inició un proceso de establecimiento de reglas para garantizar que el Departamento cumpla al pie de la letra y con la esencia de la ley CARES”.
Más de 35.000 reclusos fueron puestos en libertad como parte del plan para aliviar las condiciones de la pandemia, siempre que cumplieran ciertos criterios, entre ellos que no sean un peligro para los demás. Sin embargo, 2.830 de las 4.879 personas que siguen en reclusión domiciliaria debían volver a la cárcel, según la BOP. Las demás han cumplido sus condenas.
