Fiscales estadounidenses están investigando al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, reveló un nuevo documento judicial, lo que aumenta la presión sobre un mandatario al que los fiscales norteamericanos ya han acusado en la corte de participar en el sangriento tráfico de drogas en su país.
Sur Florida / infobae
En el documento, presentado la noche del viernes en el Distrito Sur de Nueva York en el caso del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, los fiscales estadounidenses revelaron que el propio Hernández es objeto de una investigación, lo mismo que otros funcionarios “de alto rango”.
El gobierno de Honduras no respondió a las solicitudes de comentarios realizados por la agencia Reuters. Hernández ha negado rotundamente cualquier vínculo con los cárteles de la droga.
La del viernes es la última acusación de esta naturaleza presentada contra el mandatario centroamericano. Alrededor de un mes antes, los mismos fiscales proveyeron otros detalles de la supuesta relación entre Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez, un presunto narcotraficante hondureño detenido en Miami el pasado marzo.
Hasta ahora, no obstante, los funcionarios no habían identificado explícitamente a Hernández. Hasta entonces lo describían como coconspirador número 4 (CC-4), pero su identidad era fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
Según los fiscales, Fuentes Ramírez mantuvo varios encuentros en 2013 y 2014 con Juan Orlando Hernández y le pagó grandes cantidades de dinero para que protegiera sus actividades y aceptase usar a las fuerzas armadas como protección para sus actividades de narcotráfico. En ese entonces Hernández era el presidente del Congreso.
Durante esas reuniones, Hernández aseguró -siempre según el relato de los fiscales- que quería hacer creer a Washington que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad iba a eliminar la extradición al país y “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de “inundar Estados Unidos con cocaína”.
Hernández, además, animó al supuesto narcotraficante a trabajar con su hermano y le mostró interés por tener acceso a su laboratorio de drogas por su cercanía a Puerto Cortés, señala el documento.
La causa contra su hermano indicó que Hernández fue “elegido presidente en base, al menos en parte, de ganancias del tráfico de droga”.
En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Tony” Hernández, preso en Estados Unidos desde 2018, fue acusado de negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 2004. El fiscal también acusó al ex diputado de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.
El “violento” acusado, miembro del Congreso de 2014 a 2018 y que estampaba su propia cocaína colombiana con las iniciales “TH”, “creía que podía operar con total impunidad”, aseguró la fiscalía en una moción presentada a la corte en agosto.
En ese documento, la acusación asegura que el dinero de la droga financió campañas de varios candidatos del Partido Nacional, incluidas las del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y las de Hernández, electo en 2013 y reelecto en cuestionados comicios en 2017.
Hernández siempre ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando que las alegaciones provenientes de narcotraficantes confesos, en las que se basa el grueso de la información recopilada por las autoridades estadounidenses, no son creíbles. En enero dijo que quienes confesaron “buscan venganza” contra él dado que su administración “ha sido reconocida como socio de confianza y efectividad por los países aliados en la lucha antinarcotráfico”.
