El gobierno del presidente Joe Biden puso el lunes su requerimiento de vacunación para empleados privados en términos de vida o muerte en un documento jurídico con el que intenta se aplique la medida después de que una corte federal suspendió su implementación.
Sur Florida / AP
El documento en respuesta a la suspensión ordenada el fin de semana por la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, aseguró que no existe motivo para apresurar un fallo en torno a si la suspensión debe ser permanente, ya que el requerimiento de vacunación no entrará en vigor hasta el 4 de enero. Impedir que la medida entre en vigor únicamente prolongará la pandemia de COVID-19 y “costaría decenas, o tal vez cientos de vidas al día”, señalaron abogados de los departamentos de Justicia y del Trabajo.
Hasta el domingo, el promedio de decesos diarios por siete días en Estados Unidos era de 1.151, pero se desconoce qué tanto influiría el requerimiento de vacunación en empresas privadas en reducir esa cifra.
Las órdenes de vacunarse, incluyendo las aplicables a ciertos empleados federales, son un componente crucial de la estrategia del gobierno de Biden para contener una pandemia que ha dejado 755.000 muertos en Estados Unidos.
El mandato sería aplicable a negocios privados con más de 100 trabajadores. Los empleados que no reciban vacunas antes del 4 de enero tendrían que portar mascarillas y someterse semanalmente a pruebas diagnósticas de coronavirus. Las reglas que emitió la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA por sus iniciales en inglés) la semana pasada crean exenciones para los trabajadores por motivos religiosos y para aquellos que no interactúan presencialmente con compañeros de trabajo o clientes, así como para los que trabajan exclusivamente al aire libre.
Más de dos docenas de procuradores estatales republicanos, comercios, grupos religiosos y asociaciones conservadoras incoaron una demanda en la que aseguraron que el gobierno federal no tiene el derecho de establecer dicha regulación, en parte porque el COVID-19 no es un riesgo específico al lugar de trabajo.
Los abogados del gobierno de Biden alegaron que los riesgos eran mayores sin el mandato que con él: “Los perjuicios que los solicitantes aseguran que ocurrirán son especulativos y remotos y carecen de mayor peso que el interés en proteger a los empleados de un virus peligroso en lo que este caso continúa su curso legal”, escribieron.
Al menos 27 estados presentaron impugnaciones en cuando menos seis cortes federales de apelaciones después de que la OSHA dio a conocer sus reglas. Todos esos estados tienen un gobernador o procurador republicano.
Durante el fin de semana, jueces de la corte federal de apelaciones de Nueva Orleans suspendieron la entrada en vigor de la medida, asegurando que genera “graves problemas jurídicos y constitucionales”, y le pidieron al gobierno federal que explique los motivos por los que la suspensión no debería ser permanente.
