Más de 50 personas fueron detenidas y docenas sufrieron heridas durante una segunda noche de protestas que se tornaron violentas en varias ciudades españolas. Las protestas respondían al encarcelamiento de un rapero por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo.
Sur Florida / APNews
Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica el miércoles por la noche en docenas de capitales provinciales españolas y otras localidades en la región nororiental de Cataluña, de donde procede el rapero Pablo Hasél. Pero al avanzar la noche comenzaron los incidentes violentos, con disturbios, barricadas improvisadas con contenedores en llamas y daños a comercios.
En Madrid, Barcelona y ciudades más pequeñas la policía antimotines lanzó balas de goma o de espuma y cargó con porras contra los manifestantes, que lanzaron objetos a los agentes y prendieron fuego a papeleras. Algunos utilizaron motocicletas volcadas para bloquear las calles.
Sólo en la capital española fueron detenidas 19 personas, incluidos seis menores. Los servicios de emergencia asistieron a 35 policías antimotines heridos y a otras 20 personas, entre manifestantes y personas que pasaban por la zona y se vieron atrapadas en el caos.
En Barcelona, 29 personas fueron detenidas y al menos ocho resultaron heridas y enviadas a hospitales, según dijo el jueves el servicio de emergencias. Una joven manifestante perdió un ojo la noche anterior debido a un proyectil de espuma empleado por la policía regional, los Mossos d’Esquadra, para dispersar a los manifestantes.
Al menos cuatro manifestantes fueron detenidos el miércoles en la ciudad sureña de Granada.
Algunos de los disturbios más graves del miércoles se produjeron cerca de la prisión de Lleida a la que fue trasladado Hasél el martes. La policía le detuvo en un edificio de la universidad local, donde se había encerrado 24 horas antes para llamar la atención sobre su arresto.
El rapero y sus seguidores afirman que su sentencia de nueve meses de prisión por escribir una canción crítica sobre el rey emérito Juan Carlos I y docenas de tuits, que según los jueces glorificaban a grupos terroristas españoles ya disueltos, infringe su derecho a la libertad de expresión.
Antes de ese caso, el rapero había recibido una sentencia de dos años de prisión en suspenso y afrontaba otros cargos por agresión, enaltecimiento del terrorismo, irrumpir en un recinto privado e injurias a la corona.
Su situación legal ha atraído mucha atención pública porque se produce tras una serie de juicios a artistas y usuarios de medios sociales por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por un gobierno conservador anterior y criticada por grupos de derechos humanos.
El gobierno español actual, una coalición de izquierdas, quiere cambia el Código Penal para eliminar las penas de prisión en delitos relacionados con la libertad de expresión, especialmente en lo referente a formas de expresión artística. El socio minoritario del gobierno, el grupo de ultraizquierda Unidas Podemos, ha dicho que trabajará para indultar a Hasél.
Los disturbios han provocado una nueva tormenta política. La oposición ha arremetido contra Unidas Podemos por no condenar con firmeza la violencia callejera. La viceministra Carmen Calvo, miembro del Partido Socialista de centroizquierda, que lidera el gobierno, criticó al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por mostrar apoyo a los “jóvenes antifascistas que están pidiendo libertad de expresión en las calles”.
