La detención de un exgobernador mexicano por torturas a una periodista que reveló una trama de explotación infantil hace más de 15 años alimentó el jueves las esperanzas de los activistas que confían en que el caso pueda evidenciar los vínculos entre empresarios, políticos y crimen organizado y ser un precedente contra la impunidad en México.
Sur Florida / apnews
Mario Marín, gobernador del estado central de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional entre 2005 y 2011, fue detenido el miércoles en Acapulco, en el Pacífico mexicano, y trasladado a una cárcel de Cancún.
Está acusado de violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho en 2005, cuando la periodista fue detenida irregularmente y fue objeto de torturas físicas y psicológicas con el fin de bloquear una investigación que desveló una red de protección de una gran trama político-empresarial de explotación sexual de niños de entre 4 y 13 años.
Este jueves estaba previsto que Marín fuera presentado ante el juez quien, en el plazo de unos días, deberá decidir si hay inicios para procesarle o queda en libertad.
Según Leopoldo Maldonado, abogado de la organización de defensa de la prensa Artículo 19 y representante de la periodista, hay pruebas suficientes en su contra, incluidas unas conversaciones telefónicas que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia en 2006. Por eso, en declaraciones a AP, confió en que si el juez decide enjuiciarlo, el proceso sea un “parteaguas” que “resquebraje el pacto de impunidad que ha imperado en México durante décadas y que va más allá de la prensa”.
Cacho expuso toda una red de explotación sexual de menores en su libro “Los demonios del Edén” (2004) y denunció que un importante empresario, José Kamel Nacif, había comprado niñas por 3.000 dólares, por lo que en 2005 Nacif la acusó de difamación y pidió a su amigo, el entonces gobernador Marín, que la detuvieran para vengarse.
Según recordó la periodista el jueves en una entrevista con la emisora W Radio, Marín dio la orden para que la torturaran, para que retirara todo lo que había publicado “y dijera que había mentido”. Cacho nunca se retractó y por eso, después de 16 años de lucha jurídica, consideró “importantísimo” el arresto. “Es el primer gobernador detenido por actos de tortura contra periodistas y vinculado, además, con la protección de una red de trata de niñas y niños”, subrayó.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció el jueves que cuando ella era ministra de la Corte Suprema dijo que “hubo violaciones” a los derechos de la periodista y habló “de tortura psicológica” contra Cacho pero también recordó que Marín contaba con la presunción de inocencia y debía tener un juicio justo.
Las evidencias recabadas por la reportera contribuyeron a la detención en Estados Unidos en 2004 del empresario Jean Succar Kuri, quien actualmente cumple sentencia por pornografía infantil en la misma cárcel de Cancún a la que ingresó Marín.
“Se vuelven a reunir los cómplices, pero ahora en condiciones muy diferentes”, escribió Cacho en su cuenta de Twitter. “Ya no hay fiesta ni lujo, tampoco niñas víctimas en manos de los pederastas. No hay brindis ni celebración. El periodismo es el camino hacia la justicia”.
En su opinión, sus investigaciones lograron que muchas de las víctimas de la red de trata se salvaran y que se paralizara toda una trama de compra y venta de niñas en fiestas en las que participaban gobernadores.
No obstante, el caso está lejos de concluir.
La batalla legal de Cacho fue avalada por instancias internacionales y en enero de 2019, en cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el actual gobierno federal le ofreció disculpas públicas por la detención arbitraria a la que fue sometida.
Un policía, autor material de las torturas, fue sentenciado y ya cumplió su condena pero hay todavía tres agentes más encarcelados en espera de sentencia y cuatro personas prófugas, explicó Maldonado.
Entre los buscados por la justicia está el empresario José Kamel Nacif a quien la fiscalía mexicana ha ubicado en Líbano, un país con el que México no tiene tratado de extradición. Otro de los prófugos es un exjefe de la policía judicial de Puebla.
Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas, una ONG con sede en Nueva York, celebró la captura de Marín pero recordó que ese “pedazo de justicia pendiente desde hace años es solo un paso porque faltan sospechosos por detener”.
Lo más preocupa ahora a Artículo 19 es que el juez pueda liberar a Marín o haya represalias contra Cacho, ya que en todos estos años se han sucedido las amenazas no sólo contra la periodistas sino contra magistrados. “Sabemos de que son capaces”, alertó Maldonado.
La propia periodista señaló que los expertos la advirtieron que tras la detención del político los peligros aumentaban pero dijo estar dispuesta a asumir el costo de su lucha. “Las cosas irán cambiando si persistimos”, afirmó.
El actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció la labor de inteligencia de la fiscalía federal para llegar a la detención de Marín y confió en que “la justicia se aplique con rigor”.
