Una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente el sábado el requisito de vacunación contra el coronavirus impuesto por el gobierno del presidente Joe Biden a empresas con 100 o más trabajadores.
Sur Florida / AP
La Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito otorgó un suspensión de emergencia al requisito de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) para que dichos trabajadores se vacunen contra el COVID-19 para el 4 de enero, o deban usar mascarillas y hacerse una prueba semanalmente.
El secretario de Justicia estatal de Luisiana, Jeff Landry, dijo que la medida evita que el presidente demócrata Biden “siga adelante con esta extralimitación ilegal”.
“El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin las revisiones e imparcialidad permitidos por la Constitución”, según un comunicado de Landry, un republicano.
La procuradora de Trabajo, Seema Nanda, dijo que el Departamento de Trabajo “confía en su autoridad legal para emitir la norma temporal de vacunación y pruebas de emergencia”.
La OSHA tiene la autoridad de “actuar rápidamente ante una emergencia en que la agencia considere que los trabajadores son propensos a un peligro grave y una norma nueva es necesaria para protegerlos”, comentó.
Dichas decisiones de cortes de circuito suelen aplicar a estados dentro de un distrito —en este caso, Mississippi, Luisiana y Texas— pero Landry subrayó que el lenguaje usado por los jueces hacía que la decisión tuviera un alcance a nivel nacional.
“Esta es una gran victoria para el pueblo estadounidense. Nunca antes un gobierno federal había intentado de forma tan enérgica meterse entre las decisiones de un ciudadano estadounidense y su médico. Para mí, ese es el meollo del asunto”, indicó.
Al menos 27 estados presentaron demandas para impugnar la normativa en distintos circuitos, algunos de los cuales se volvieron más conservadores por las designaciones judiciales del expresidente Donald Trump.
El gobierno de Biden ha estado alentando la vacunación generalizada como la forma más rápida de salir de la pandemia de COVID-19, el cual ha cobrado más de 750.000 vidas en Estados Unidos.
El gobierno dice confiar en que su requerimiento, que incluye multas de casi 14.000 dólares por infracción, resistirá las impugnaciones jurídicas en parte porque sus normas de seguridad tienen preeminencia sobre las leyes estatales.
El 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, informó que estaba posponiendo el requisito federal de vacunación debido a posibles “cuestiones estatutarias y constitucionales graves” planteadas por los demandantes. El gobierno debe proporcionar el lunes una respuesta expedita a la moción sobre una orden judicial permanente, seguida de la respuesta de los peticionarios el martes.
Lawrence Gostin, un experto en salud pública en la Facultad de Derecho de la Universidad Georgetown, consideró preocupante que una corte federal de apelaciones suspenda o posponga normas en una crisis sanitaria, dado que nadie tiene el derecho de ir a un espacio de trabajo “sin mascarilla, sin vacuna y sin prueba”.
“Los jueces no electos no tienen experiencia científica para cuestionar a los profesionales de salud y seguridad de la OSHA”, sostuvo.
