Una corte federal de apelaciones en Argentina ordenó el jueves investigar al expresidente Mauricio Macri y a su exministro de Defensa, Oscar Aguad, para determinar si tuvieron responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo en noviembre de 2017 mientras realizaba un ejercicio en el Atlántico Sur.
Sur Florida / apnews
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, localidad a unos 1.700 kilómetros de Buenos Aires, dispuso en su fallo —al que tuvo acceso AP— que “deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval… como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”.
El submarino diésel eléctrico clase TR-1700 de fabricación alemana y en operaciones desde los años 80 desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia su base en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar de un ejercicio de adiestramiento.
La empresa estadounidense Ocean Infinity, contratada por el gobierno argentino, encontró el submarino un año después de su desaparición a 907 metros de profundidad y a 600 kilómetros al este del puerto argentino de Comodoro Rivadavia, cerca de la zona en donde se contactó por última vez. No hubo sobrevivientes.
Una investigación judicial determinó que el submarino no cumplía con los planes de mantenimiento programados y que presentaba desperfectos que comprometían la seguridad de la navegación y que éstos eran conocidos por las personas que tenían poder de mando sobre la embarcación.
La jueza a cargo de la pesquisa, Marta Yáñez, señaló como principal responsable del hundimiento al Contraalmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como comandante de adiestramiento y alistamiento naval, pero la magistrada desestimó investigar a Macri, presidente entre 2015 y 2019, a su ministro de Defensa y al entonces Jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Esta medida fue apelada por los familiares de las víctimas ante una corte federal que este jueves les dio la razón.
“No se ha indagado sobre las autorizaciones ministeriales, asignaciones presupuestarias, si ha mediado una política de ajuste y qué incidencia pudieron tener en la calidad, frecuencia y eficiencia de las tareas de mantenimiento, empezando por la reparación de “media vida” como relevante para el estado de alistamiento que presentaba” el submarino en noviembre de 2017, consideró el tribunal. “Estas razones impiden – al menos en este estado del proceso – descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”.
Ninguno de los involucrados se pronunció sobre el fallo judicial.
