Al escribir en el buscador de Google la frase “Corrupción en Miami-Dade”, la lista de casos que enumera el gigante de internet es tan variada como preocupante, con situaciones que ponen en el ‘banquillo de los acusados’ a personalidades de la vida política local e incluso oficiales de la ley, por supuestos delitos cometidos en posiciones de importancia para el desempeño de la administración pública.
La abogada María Schneider, quien hasta el año pasado fungió como fiscal del condado Broward, analiza este asunto de una manera que llama la atención: “Son posibles crímenes que podríamos considerar doblemente serios porque constituyen una violación a la fe de los residentes y una mancha no solo para quienes los realizan, sino para las otras personas que se dedican al servicio público”.
Schneider ejerció como fiscal durante más de 30 años y sabe de lo que habla. Su valoración también la lleva a señalar que la “pérdida de fe en el gobierno y los agentes de la ley nos afecta a todos por igual”, debido a que la “gente deja de confiar en sus autoridades” y se crea una imagen negativa, generalizada, sobre quienes ocupan cargos de poder. “No todos son malos, son muy pocos, pero esos pocos crean un gran daño, una marca imborrable en la clase política”, sentenció.
Saber escoger entre los candidatos que se postulan a un puesto público, como ‘antídoto’ o ‘vacuna’ para evitar males futuros, es una opción que, desde su óptica, es importante, aunque no es prenda de garantía de un trabajo pulcro de ninguna persona en su rol de oficial electo porque “nadie tiene una bola de cristal para identificar quién es bueno o quién es malo” antes de llegar a un cargo.
Casos notables
Las apreciaciones de la exfiscal Schneider nos conducen a una serie de casos que han acaparado la atención de los medios de comunicación durante los últimos años. En todos estos, la probabilidad de que los funcionarios públicos implicados hubiesen incurrido en corrupción disparó las alarmas de las autoridades judiciales y de supervisión de la ética administrativa.
En agosto de 2022, el veterano político Joe Martínez, quien ocupaba la silla del distrito 11 de Miami-Dade, fue arrestado bajo cargos de corrupción relacionados con una supuesta compensación ilegal que habría recibido el entonces legislador condal.
Los investigadores dijeron que Martínez habría recibido dinero del dueño de un supermercado de Miami-Dade, a cambio de elaborar una legislación que ayudaría al negocio a evitar algunas violaciones del código. Se mencionó la cifra de 5.000 dólares.
Días más tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió del cargo al comisionado y posteriormente, en noviembre, nombró en el escaño del distrito 11 al abogado Roberto González.
Los abogados de Martínez impugnaron las acusaciones y el proceso sigue en curso. “Todavía hay días de corte pendientes, no puedo hablar sobre este caso”, dijo Martínez a DIARIO LAS AMÉRICAS en semanas recientes.
En otro caso más que alega fraude en préstamos federales, fiscales afirmaron en mayo que un oficial de la policía de Miami-Dade obtuvo dinero de los fondos de ayuda para la pandemia de COVID-19 mediante documentos falsificados sobre su empresa.
Los acusadores dijeron que mientras trabajaba en el Departamento de Policía de Miami-Dade, Samuel Harris Jr. recibió más de 275.000 dólares a través de solicitudes de préstamos fraudulentas presentadas a dos programas federales vinculados a la pandemia.
Harris se cuenta entre tres oficiales de policía en el sur de Florida que enfrentan cargos de fraude en préstamos federales desde junio de 2022. Dos meses antes, un oficial de la ciudad de Miami fue acusado de un delito similar.
Caso Díaz de la Portilla
Uno de los casos más recientes vincula al político Alex Díaz de la Portilla, quien se desempeñaba como comisionado del distrito 1 de Miami desde 2019 hasta su arresto el 14 de septiembre y posterior suspensión un día después de ser detenido en la cárcel de Miami-Dade.
Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Díaz de la Portilla está siendo procesado por un cargo de lavado de dinero, tres de compensación o recompensa ilegal por conducta oficial, uno más de soborno y otro de conspiración criminal.
Su abogado, William W. Riley Jr., también fue arrestado y enfrenta a los mismos cargos del excomisionado. Ambos han negado las acusaciones.
Los registros judiciales muestran que Díaz de la Portilla y su asesor jurídico habrían aceptado más de 15.000 dólares en pagos para la campaña judicial de Renier Díaz de la Portilla, hermano del excomisionado, “pero no los reportaron”, como lo exigen los estatutos de Florida.
Luego trascendió que Díaz de la Portilla también estaría involucrado en una supuesta trama para adjudicar un permiso a una escuela privada que solicitó el uso de un parque de la Ciudad de Miami en sus planes de expansión.
Díaz de la Portilla fue suspendido del cargo por el gobernador DeSantis. Sin embargo, afirmó que seguirá en su campaña por la reelección en ese escaño de la Comisión de Miami en las elecciones de noviembre próximo.
Qué dicen los estatutos
De acuerdo con los estatutos de Florida, las penas de prisión para los delitos de primer, segundo y tercer grado pueden variar según la naturaleza específica de la ofensa y las circunstancias del caso.
Los delitos de primer grado son los más graves y pueden conducir a prisión perpetua o incluso pena de muerte. Los de segundo grado se castigan usualmente con 15 años de cárcel. Aquellos de tercer grado suelen ser menos graves y pueden castigarse con penas de prisión de hasta 5 años.
La exfiscal Schneider dilucidó que los casos más comunes entre personas que “ejercen el poder” se ajustan a las categorías de delitos de segundo y tercer grado, como “recibir dinero a cambio de una decisión legislativa, algunos regalos, viajes, entradas a espectáculos musicales o deportivos, omitir o actuar en una votación”.
Afirmó que “estos casos recientes son los que se conocen públicamente, pero hay muchos otros que no se investigan a fondo en los 20 circuitos judiciales de Florida”.
Respecto al crimen de soborno, la norma indica que el oficial electo que viola la ley “comete un delito grave de segundo grado”. Entretanto, sobre la contravención de mala conducta oficial, el código señala que “cualquier persona que viole este artículo comete un delito grave de tercer grado”.
Para la exfuncionaria judicial, los crímenes que más se registran están asociados con el soborno. “Dar un permiso a alguien que no debe tenerlo o aprobar una inspección que no cumple las reglas son los casos más comunes”, dijo.
SF
