En Coral Gables, ciudad con habitantes de alto patrimonio reconocida por restaurantes caros, mansiones de estilo español y la Universidad de Miami, las autoridades han promocionan una iniciativa judicial única.
Sur Florida/El Nuevo Herald
El programa está dirigido por un conocido antiguo juez de Miami-Dade, cuyo bufete cobra al gobierno municipal $250 la hora para ayudar a los fiscales y abogar por el “efecto máximo del sistema de justicia penal” para “delincuentes habituales que victimizan a vecinos de Coral Gables”.
Pero seis años después de iniciado el programa —en momentos que se hacen numerosos llamados a la reforma de la justicia en todo el país— los críticos cuestionan si logra algo más que presionar a los fiscales para que pidan sentencias duras mientras se ensañan con personas de minorías arrestadas en una de las ciudades más ricas del sur de Florida.
Y no todos los que pasan por el programa son delincuentes habituales. Entre ellos: un grupo de adolescentes que irrumpieron en la casa de la ex estrella de la NBA Ray Allen, dos adolescentes acusados de robar en el lujoso centro comercial Merrick Park, dos chicas, de 12 y 13 años, acusadas de robar en autos y un vagabundo mentalmente enfermo que prendió fuego a un contenedor de basura, según los registros judiciales.
“Como residente de Coral Gables desde hace mucho tiempo, esto parece una pérdida de recursos”, dijo Aubrey Webb, ex fiscal estatal adjunta de Miami-Dade y ahora abogada defensora. “Los fiscales son muy capaces de manejar estos casos. No necesitan un abogado de la ciudad que les susurre al oído para tratar de conseguir la sentencia máxima”.
Funcionarios municipales e Israel Reyes, el ex juez que trabaja con Coral Gables, defienden el programa y dicen que es valioso.
“Tener un par de ojos más en los casos mientras pasa por todo el sistema judicial es un beneficio para los vecinos de Coral Gables”, dijo la asesora jurídica municipal Miriam Ramos, señalando que los fiscales tienen muchos casos. “Mi sensación, en general, es que agradecen la ayuda.”
Reyes le dijo al Miami Herald que a pesar de la meta declarada del programa de castigar a los delincuentes, no siempre lo hace, particularmente en casos en que la salud mental es un factor. “El programa no es para asegurar que la gente sea penalizada al máximo. Es para asegurar que se haga justicia”, dijo Reyes. “No siempre significa que la manera de prevenir los delitos es condenar al acusado a lo máximo que permite la ley”.
