El estallido social que sacudió sus calles en 2019 no fue en balde: Chile tuvo el lunes un despertar histórico, pues durante la jornada inició un inédito proceso para reescribir su Constitución.
Miami Mundo / apnews
La decisión fue tomada por los mismos chilenos que salieron a manifestarse hace un año. En un plebiscito ocurrido la víspera decidieron el reemplazo de la Carta Magna y que su redacción quede en manos de ciudadanos en lugar de políticos. En las urnas también determinaron que la convención de 155 miembros elegidos democráticamente para redactarla sea paritaria, es decir, que 78 de ellos sean hombres o mujeres.
El proceso que arrancó el lunes será largo y en su cronograma incluye la elección de los constituyentes el 11 de abril del próximo año, la instalación de la convención que los agrupará en mayo de 2021 y el plebiscito que aprobará o no la propuesta de la nueva Carta Magna a mediados de 2022.
Patricio Santamaría, presidente del Servicio Electoral, informó el lunes que con 7,5 millones de sufragios contabilizados —el 99,4% de los votos—, un 78,2% favoreció el reemplazo constitucional impulsado por la oposición de centroizquierda y un 21,7% optó por la propuesta del oficialismo de derecha de mantenerla. Además, el 79% prefirió que la nueva Carta Magna sea escrita por ciudadanos electos.
“Estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile desde el punto de vista… de votos absolutos, y rompimos la barrera que no (se) superaba desde el 2012 con voto voluntario, el 49,2%”, añadió Santamaría.
Los convocados a sufragar en medio de la pandemia, que mantiene al país con 500.000 contagiados, eran 14,8 millones de personas y votó el 51%.
La decisión de que la nueva Constitución la escriban ciudadanos elegidos “hay que interpretarla como un rechazo generalizado y transversal a la clase política en su conjunto”, dijo a The Associated Press Marcelo Mella, politólogo y doctor en Estudios Americanos. “Todos los partidos con representación parlamentaria deben sentirse interpelados”, añadió.
“Los partidos políticos están callados y es un golpe muy fuerte a la política convencional, porque en aquellos lugares donde hay alcaldes de derecha igual ha ganado la opción del apruebo”, indicó Lucía Dammert, licenciada en historia de la Universidad Católica y académica de la Universidad de Santiago.
Mella agregó que los partidos tienen el desafío de “hacer un esfuerzo por renovar el elenco de candidatos a la convención constitucional porque está cifra debe ser leída como una demanda a la clase política en su conjunto”.
El oficialismo y la oposición, excluido el Partido Comunista, alcanzó hace un año un inédito acuerdo que convocó al plebiscito para buscar una salida institucional y calmar la presión popular que siguió a un violento estallido social. Las masivas protestas mostraron el descontento de una mayoría que exigía mejor salud, educación y pensiones entre otras muchas demandas.
La oposición y el oficialismo enfrentan el desafío de lograr la unidad. Aunque los opositores buscaban el reemplazo constitucional, no lograron unirse para la campaña electoral previa al plebiscito. La situación en la alianza de gobierno, de cuatro partidos, es más compleja: sólo uno de sus cuatro grupos cerró filas por mantener a Carta Magna, mientras en los otros tres hubo muchos que votaron por el cambio.
En la Convención Constituyente, que se instalará en mayo de 2021 y que trabajará un año en la redacción, se necesitará la aprobación de 2/3 de sus miembros para incluir cada uno de sus artículos.
Los independientes que aspiran a integrar la convención tiene un trabajo difícil para lograrlo. Hasta ahora el Congreso no ha definido si pueden competir en listas, como sí pueden hacerlo los partidos políticos. Los partidos deben ceder espacio para los representantes de la sociedad civil, dijo Mella.
La actual Constitución, vigente desde 1981, estableció un modelo social y económico de libre mercado que permitió la entrada del sector privado a la provisión de servicios, lo que permitió la existencia de una salud para quienes pueden pagarla, mientras un 80% de los chilenos debe acudir a un sistema público, a menudo deficitario, esquema que se repite en la educación. También se privatizaron las pensiones.
Las desigualdades se extendieron al uso de las aguas, que puede utilizar quienes tienen los derechos y el dinero, aunque sí está asegurado el consumo humano.
La nueva Constitución propuesta por la convención que la redactará será sometida a la aprobación de los chilenos en un plebiscito a mediados de 2022. Si fuera rechazada, seguiría vigente la de los militares.
