Una comisión rechazó el viernes el juicio político al presidente chileno Sebastián Piñera, que ahora será votado por la Cámara de Diputados, por la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal.
Sur Florida / AP
Dos diputados votaron a favor del juicio político, dos en contra y el último, un independiente de centroizquierda, se abstuvo, por lo que la solicitud de abrir una acusación constitucional no fue admitida.
Sin embargo, la decisión del grupo no es vinculante y el pedido de juicio político será votado por el pleno de 155 diputados en una sesión prevista, hasta ahora, para el próximo lunes.
Los 16 diputados opositores que buscan impulsan la acusación afirman que el mandatario transgredió la constitución, las leyes y que comprometió el honor de la nación.
El diputado José Auth, el independiente de centroizquierda que se abstuvo, calificó de débiles algunas de las acusaciones contra el gobernante pero consideró grave que al firmarse el contrato de compraventa en las Islas Vírgenes Británicas no se haya declarado “la existencia de una persona políticamente expuesta”.
Por su parte, la diputada oficialista Virginia Troncoso afirmó que en la investigación “no se puede advertir… un acto ilegal ni ilícito” del mandatario en la transacción.
La diputada oficialista Paulina Núñez se opuso al juicio porque “no existen actos de la administración del presidente Piñera que sean susceptibles de encuadrarse o subsumirse en algunas de las causales de la constitución”.
En cambio la socialista Maya Fernández, que votó a favor de enjuiciar al mandatario, dijo que la defensa de Piñera no dejó claro por qué “el negocio se hizo en el extranjero y no en Chile”.
Conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que en octubre reveló transacciones de personalidades y exautoridades en paraísos fiscales, entre ellos Piñera, 16 diputados opositores pidieron iniciar un juicio político contra el mandatario.
En tanto, la Fiscalía Nacional anunció una investigación penal contra Piñera sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria.
La investigación periodística indica que la venta del proyecto minero y portuario Dominga se firmó en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010 -a nueve meses del inicio del primer gobierno de Piñera (2010-2014)- y que el pago de la tercera y última cuota por parte de los compradores se condicionó a que en la zona prevista para instalar la empresa no hubiera cambios medioambientales que pudieran impedir su instalación.
En agosto de 2010 Piñera reubicó la instalación de una termoeléctrica ya aprobada y que se levantaría en el mismo lugar que el proyecto Dominga, en la comuna de La Higuera, a 470 kilómetros de Santiago, a sólo 30 kilómetros de un medioambiente con flora y fauna en peligro de extinción y de especies únicas del área. Además, en esa época se desconocía la existencia de los condicionantes para el pago del proyecto, adquirido por un íntimo amigo del mandatario.
Piñera afirma que no fue informado de la venta y que los hechos registrados en 2010 están prescritos. La constitución permite acusar constitucionalmente a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de finalizado.
Su defensa reiteró que una investigación judicial de 2017 sobre otras gestiones empresariales de la familia Piñera Morel concluyó que el mandatario no estuvo involucrado ni cometió delitos. El exfiscal Manuel Guerra, que llevó la indagación hace cuatro años, declaró que lo revelado por los Papeles de Pandora sobre el condicionamiento del pago por los compradores es información nueva que podría dar lugar a un nuevo juicio.
La comisión parlamentaria resolvió sobre el juicio político luego de escuchar a decenas de abogados, exautoridades y al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que contradijo a los acusadores al afirmar que el producto de la venta de Dominga fue informado a la autoridad y que se pagaron los tributos correspondientes.
Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de Diputados de 155 miembros se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene mayoría. Sin embargo, se estima improbable la oposición, que tiene 24 de los 43 asientos del Senado, reúna los 29 votos requeridos en este caso.
