La Cámara de Diputados de Chile se reunió el lunes -en lo que podría ser una maratónica sesión- para debatir el juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera, que de ser aprobado pasaría al Senado, que podría llegar a destituirlo.
Sur Florida / AP
A la oposición de centroizquierda, que necesita 78 de los 155 votos del pleno para aprobar la acusación, podrían faltarle sufragios porque dos de sus diputados están en cuarentena: uno de ellos es el también candidato presidencial Gabriel Boric, quien se contagió de COVID-19, y uno de sus contactos estrechos, Giorgio Jackson, cuyo confinamiento concluye a la medianoche del lunes.
El diputado Marcelo Díaz dijo en la víspera que “tenemos justo los 78 votos”, cifra que considera el sufragio del contacto estrecho de Boric. La oposición tiene 83 votos en la Cámara, pero algunos de ellos no comparten enjuiciar al mandatario.
La sesión comenzó con la presentación del juicio ante el pleno por parte del diputado socialista Jaime Naranjo, quien ha dicho que podría hablar a la espera de que Jackson llegue a la sala para votar, lo que sucedería en las primeras horas de la madrugada del martes. En su exposición Naranjo leerá las 99 páginas de la acusación. “Voy a tomarme todo el tiempo que sea necesario, desde la primera hasta la última” hoja.
Si el juicio es aprobado pasaría al Senado, donde el mandatario podría ser destituido si la oposición logra el apoyo de 29 de los 43 senadores. Si ello ocurre, el ministro del Interior deberá llamar a una nueva elección en un plazo máximo de 120 días.
La acusación de 16 diputados izquierdistas surgió luego de conocerse los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que reveló negociados en paraísos fiscales de más 300 personas, entre ellas Piñera.
Entre millones de documentos hay un contrato de venta de una propiedad de los hijos de Piñera firmado en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, que condicionaba el pago de la última cuota de un negocio minero y portuario a que en la zona donde se instalaría no fuera declarada de exclusión, parque o reserva natural, decisión que dependía de Piñera, quien llevaba nueve meses de su primer gobierno (2010-2014).
“Somos testigos de las consecuencias de tener un mandatario empresario, que no separó los negocios de la política”, afirmó Naranjo.
Los acusadores afirman que Piñera infringió la constitución y las leyes y comprometió el “honor de la nación por favorecer la venta del negocio a un amigo personal”.
Por la misma información la Fiscalía Nacional inició una investigación a Piñera para establecer si hay posibles delitos de cohecho, soborno o tributarios, cometidos por acción u omisión.
Cuatro meses antes de la venta del negocio Piñera reubicó una termoeléctrica a carbón ya autorizada. En ese momento se desconocía la compraventa y que los nuevos dueños se instalarían en la misma área.
Piñera afirma que no conoció de la venta hasta terminar su gobierno, que se pagaron en Chile todos los impuestos y que los hechos están prescritos.
“No hay prescripción en la comisión de ilícitos constitucionales”, dijo Naranjo.
Este es el segundo juicio político que enfrenta Piñera durante su actual mandato. El primero fue a fines de 2019, cuando fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de un violento estallido social. Piñera esgrimió que la acusación no cumplía los requisitos constitucionales pertinentes, lo que fue acogido por la mayoría de los diputados.
