El fiscal general de California le pidió el miércoles a la corte federal de apelaciones del 9no Circuito que reconsidere un fallo que rechazó la prohibición de prisiones privadas y de centros privados de detención de inmigrantes en el estado.
Sur Florida / apnews
El fallo del mes pasado por un panel de tres jueces de apelaciones mantuvo en vigor una importante pieza del mayor sistema de detención de inmigrantes en el mundo, pese a una ley del 2019 en el estado que apunta a eliminar gradualmente las prisiones privadas para inmigrantes para el 2028.
“Ellos tratan a las personas como animales, representan un riesgo inaceptable para la salud y el bienestar de los californianos, dan prioridad a las ganancias sobre la rehabilitación, haciéndonos a todos menos seguros”, declaró el fiscal general Rob Bonta, que redactó la ley cuando estaba en la Asamblea del estado y que presentó el pedido de revisión del fallo por un panel más amplio de la corte de apelaciones.
El gobernador demócrata Gavin Newsom, que firmó la ley, expresó en una declaración que el uso de prisiones privadas para inmigrantes “no refleja los valores de nuestro estado e impacta desproporcionalmente a minorías y comunidades de bajos ingresos”.
La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas y The Geo Group Inc., que demandaron a California por la ley, no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentario.
El panel de tres jueces, en una decisión dividida, falló que la ley del estado interfiere con la autoridad federal.
Dos jueces nombrados por el expresidente republicano Donald Trump rechazaron la ley, mientras que un nominado por el demócrata Barack Obama la apoyó.
La ley fue aprobada como parte de una serie de esfuerzos de los demócratas en California para limitar la cooperación del estado con el gobierno federal en materia de inmigración durante el gobierno de Trump.
