El gobierno de Joe Biden le encargó discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden cuáles migrantes deberían ser autorizados a quedarse en Estados Unidos para solicitar asilo, en un momento en que enfrenta creciente presión para levantar las normas de salud pública que le han impedido a la gente pedir protección.
SurFlorida – AP
Los grupos determinarán quiénes son más vulnerables de los que están aguardando en México. Los criterios que están utilizando no han sido dados a conocer.
Actualmente, grandes números de personas están cruzando la frontera sur y el gobierno ha estado expulsándolas rápidamente del país, amparándose en una orden de salud pública instituida por el expresidente Donald Trump y que Biden ha mantenido durante la pandemia de COVID-19.
Varios miembros de los grupos revelaron detalles del sistema a The Associated Press. El gobierno pretende admitir en el país a unos 250 solicitantes de asilo por día que hayan sido referidos por los propios grupos, los cuales accedieron a apegarse a este sistema sólo hasta el 31 de julio. Para entonces, los grupos prevén que el gobierno de Biden haya eliminado las reglas de salud pública, aunque el gobierno no se ha comprometido a ello.
Hasta ahora, se ha permitido el ingreso al país de casi 800 solicitantes de asilo desde el 3 de mayo. Algunos miembros de los grupos dijeron que ya hay más demanda de la que pueden satisfacer.
Los grupos no han sido identificados públicamente, a excepción del International Rescue Committee, una organización global de ayuda. Los otros son Save the Children, con sede en Londres; HIAS y Kids in Need of Defense, ambos ubicados en Estados Unidos; y dos organizaciones con sede en México: Asylum Access y el Institute for Women in Migration, de acuerdo con dos personas que hablaron a condición de no ser identificadas porque no estaban autorizadas a revelar la información.
Asylum Access, que provee servicios para personas que solicitan asilo en México, dijo que el papel que desempeña es mínimo.
La iniciativa comenzó en la frontera en El Paso, Texas, y se está expandiendo a Nogales, Arizona.
Un mecanismo similar pero separado, encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), comenzó a finales de marzo y permite el ingreso de 35 familias al día a Estados Unidos en diversos lugares de la frontera. No tiene una fecha específica para finalizar.
Las organizaciones participantes dicen que ambos mecanismos son una transición imperfecta de la llamada autoridad del Título 42, que lleva el nombre de una ley de salud poco conocida de 1944 que Trump usó en marzo de 2020 para poner fin al asilo en la frontera con México.
Conforme se incrementan las tasas de vacunación contra el COVID-19, a Biden se le está dificultando cada vez más justificar las expulsiones por razones de salud pública, y enfrenta exigencias de la agencia de la ONU para los refugiados y de miembros de su propio partido para que suspenda los poderes excepcionales.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó en una declaración que está en “estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México” para identificar a las personas vulnerables, y que tiene la última palabra sobre quién ingresa a Estados Unidos. Dijo que su trabajo con los grupos fluye sin contratiempos y que no los ha identificado públicamente para evitar su exposición.
Algunos miembros de los grupos temen que, si su nombre sale a la luz pública, sus oficinas en México pudieran verse inundadas de solicitantes de asilo, lo cual abrumaría a su escaso personal y lo expondría a amenazas y ataques físicos de extorsionadores y otros delincuentes.
Los críticos del nuevo proceso de selección dicen que se está dando demasiado poder a un pequeño número de organizaciones y que la gestión está envuelta en el secreto, sin una explicación clara de cómo fueron seleccionados los grupos. Dicen además que no hay garantías de que se elegirá a los migrantes más vulnerables o merecedores de asilo.
El consorcio de grupos fue elegido luego de que el gobierno estadounidense le pidió a la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados los nombres de organizaciones con más experiencia y capacidad en México, dijo Sibylla Brodzinsky, vocera de la oficina de las Naciones Unidas.
“Tenemos una larga relación con ellos y son socios confiables”, señaló.
Los grupos afirman que ellos solamente están haciendo que el proceso sea más eficiente, pero que los casos de migrantes vulnerables pueden provenir de cualquier parte.
En Nogales, Arizona, el International Rescue Committee está trabajando con organizaciones locales y utiliza un programa que se conecta con migrantes vía las redes sociales y teléfonos celulares para encontrar a aquellos que enfrentan situaciones extremas que ponen en peligro sus vidas, dijo Raymundo Tamayo, el director del grupo en México. El comité tiene previsto referir hasta 600 personas al mes a las autoridades estadounidenses.
Se está prestando especial atención a los solicitantes de asilo que han permanecido mucho tiempo en México, necesitan atención médica urgente o tienen discapacidades, son miembros de la comunidad LGBTQ o no hablan español, aunque cada caso está siendo sopesado según sus circunstancias particulares, señaló Tamaño.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, dijo que los grupos activistas se encuentran en “una posición muy difícil porque en esencia necesitan jerarquizar la desesperación” de las personas, pero insistió en que la situación es temporal. El gobierno, dijo, “no puede subcontratar el sistema de asilo”.
Los migrantes más vulnerables podrían estar demasiado asustados o desinformados como para intentar llamar la atención, dijo Margaret Cargioli, abogada gerente del Immigrant Defenders Law Center, una organización con sede en Los Ángeles que participa en las gestiones encabezadas por la ACLU después de que “más organizaciones se dieran cuenta de que se estaban realizando”. Cargioli dijo que la estrategia es un “curita” mientras las normas sanitarias continúen en vigor.
Los expertos en migración que no participan en el proceso han cuestionado por qué el gobierno no ha sido más transparente.
“Hay opacidad”, dijo Jessica Bolter, analista del grupo apartidista Instituto de Política Migratoria, quien cree que el gobierno intenta comportarse discretamente en forma humanitaria sin alentar a más a gente a venir, un acto de equilibrio que ella duda que funcione.
“Difundir información clara y precisa sobre cómo y quiénes pudieran ingresar podría hacer que un número menor de migrantes emprendan el viaje, de modo que no haya este juego de la suerte que parece estar en marcha ahora mismo”, declaró Bolter.
Los agentes fronterizos registraron en abril el número más alto de encuentros con migrantes en más de 20 años, aunque muchos de ellos estaban volviendo a cruzar la frontera después de que los expulsaran del país. El número de niños que cruzan solos la frontera también está rondando niveles récord.
En ese contexto, algunos activistas consideran que se está configurando el sistema de asilo “de carácter humano” que Biden prometió durante su campaña. No hay muchos detalles y las autoridades aseguran que necesitan tiempo.
Susana Coreas, que huyó de El Salvador, figura entre las personas consideradas vulnerables y se le permitió ingresar a Estados Unidos el mes pasado. Coreas pasó más de un año en Ciudad Juárez esperando solicitar asilo, pero no podía debido a la disposición de salud pública.
Coreas y otra mujer transgénero reacondicionaron un hotel abandonado para tener un lugar seguro donde quedarse después de que se sintieran incómodas en diversos albergues en la ciudad mexicana y recibieran ayuda del International Rescue Committee.
Pero siguieron teniendo problemas. Una mujer transgénero le sacó un cuchillo, y otra una pistola.
