La detención en Estados Unidos de un exsecretario de Defensa por vínculos con el narcotráfico sacudió a México y asestó un duro golpe a la credibilidad de las fuerzas armadas del país, a las que el actual presidente ha involucrado cada vez en más actividades.
Miami Mundo / AP
El mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que el arresto del general Salvador Cienfuegos la víspera en Los Ángeles es un hecho “lamentable” que deberá probarse y “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen” durante los gobiernos de sus predecesores.
Y aunque garantizó que se perseguirá a posibles cómplices, reiteró su apoyo a los actuales mandos de las fuerzas armadas.
“Todos los que resulten involucrados en este asunto… en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”, afirmó. “No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo”.
Sin embargo, algunos analistas consideraron que el golpe no sólo afecta a las administraciones pasadas sino que es un cuestionamiento a los cada vez más poderosos militares mexicanos y a toda la estrategia contra los cárteles que desde hace décadas se apoya fundamentalmente en las fuerzas armadas.
“Es un golpe brutal al combate a la delincuencia organizada”, afirmó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la universidad estadounidense George Mason.
Cienfuegos encabezó a las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue arrestado el jueves por pedido de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y el viernes fiscales en Nueva York presentaron cargos en su contra por asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que hace dos semanas la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, le había adelantado que había una investigación en marcha contra Cienfuegos en el país vecino pero no sabía los detalles. Agregó que no hay abierta ninguna indagatoria en México contra el general.
La Secretaría de la Defensa no se ha pronunciado sobre el caso.
Cienfuegos, de 72 años, es el exfuncionario de mayor rango en ser arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012 y quien se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico que le han imputado.
López Obrador dijo que la investigación a Cienfuegos la lleva la misma corte que está enjuiciando a García Luna y que es también la que condenó al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cadena perpetua el año pasado.
Samuel González, fundador de la oficina especializada en delincuencia organizada de la fiscalía mexicana, cargo en el que estuvo de 1996 a 1999, señaló que el origen de todo es el juicio contra “El Chapo”, en el que fueron mencionados generales de cuatro gobiernos previos al actual.
Por ello consideró que la investigación en marcha actualmente en Estados Unidos es “en realidad un juicio a todos los cárteles y a los vínculos de los servidores públicos y los cárteles”.
“Es un cambio de paradigma fortísimo”, comentó. “En Estados Unidos se están metiendo al área de seguridad entera y es la primera vez que lo hacen. ¿Se van a meter con la protección política y van a llegar a un expresidente? Parece que los fiscales de Nueva York sí quieren llegar al área política”.
El primer general acusado y condenado a 40 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico en México fue el ya fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo, designado zar antidrogas en 1996 por el entonces presidente Ernesto Zedillo y considerado por las autoridades estadounidenses de reputación impecable.
Al año siguiente de su nombramiento fue arrestado tras descubrirse que se hospedaba en un departamento de lujo propiedad del entonces líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Según se supo durante el juicio, el general le había pedido a ese grupo 60 millones de dólares a cambio de enviar soldados a proteger y apoyar sus operaciones de tráfico de drogas.
A Cienfuegos, los fiscales estadounidenses lo vinculan con el Cártel de los Beltrán Leyva, una escisión del Cártel de Sinaloa.
González dijo que es posible que ahora pueda haber “golpeteos, cambios, protestas o semi revueltas” en el seno de las fuerzas armadas como las que hubo a fines de los 90 cuando México llevó a cabo su primer gran juicio contra el narcotráfico. Pero auguró que López Obrador podrá controlarlas y que el ejército como institución resistirá.
El presidente reiteró el viernes su convencimiento de las que tanto el ejército como la Marina son instituciones “fundamentales para el desarrollo de nuestro país, son pilares del estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables… las debilitan”. Y agregó que son “una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía”.
Al igual que los dos gobiernos que lo precedieron, López Obrador encomendó a las fuerzas armadas el combate al crimen organizado pero además les ha dado otras muchas tareas, desde la construcción de infraestructura a la distribución de suministros médicos, el control de las aduanas y la contención de la inmigración ilegal.
Y lo hizo con el mismo argumento utilizado por sus predecesores y que se ha demostrado erróneo: que son más confiables.
Correa-Cabrera advirtió que aunque López Obrador quiera limitar el problema al pasado, no se sabe qué redes creadas por los altos funcionarios investigados ahora en Estados Unidos pueden seguir funcionando.
“Estamos en una situación complicadísima”, agregó la académica, porque se cae “la última instancia a la que se recurrió para resolver el problema tan grande que tiene México… Todas nuestras instituciones están corrompidas”.
El presidente, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su máximo objetivo, ha insistido en que bajo su gobierno los militares no operan igual que antes porque ahora no se violan los derechos humanos.
Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos e incluso la ONU han advertido desde hace años del peligro de la militarización de la seguridad pública en México, algo que se institucionalizó durante esta administración con la creación de la Guardia Nacional.
“Ninguna institución está libre de la corrupción en México”, coincidió Maureen Meyer, vicepresidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés)
“El cabo suelto en los esfuerzos anticorrupción de López Obrador para luchar contra el crimen en México es poner recursos en investigar y procesar la corrupción a cualquier nivel, incluidas las fuerzas armadas y otras instituciones del gobierno”, agregó la experta en programas de seguridad de Estados Unidos y México.
Washington ha colaborado durante décadas con los militares mexicanos en el combate a los cárteles porque siempre los consideró más confiables que la policía. Y entre todos los cuerpos, la Marina siempre contó con mayor credibilidad.
Pero todas las fuerzas armadas se han visto envueltas en serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos y recientemente se emitieron órdenes de captura contra militares por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en 2014.
“Los protectores políticos de los cárteles sólo son detenidos después de que dejan de ser políticos”, lamentó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia. “Para terminar con la impunidad estos procesamientos deben realizarse durante sus mandatos”, agregó el académico.
