El Departamento de Justicia dijo el sábado que apelará el fallo de un juez que consideró inconstitucional la suspensión dispuesta por el gobierno federal al desalojo de personas incapaces de pagar renta por falta de trabajo o gastos médicos durante la pandemia de coronavirus.
SurFlorida – AP
Los fiscales presentaron el sábado en la noche el aviso correspondiente en el que señalan que el gobierno recurrirá la decisión ante la Corte Federal de Apelaciones del Cinco Circuito. El anuncio tiene lugar días después de que el juez federal J. Campbell Barker dijera en un fallo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CNC por sus siglas en inglés) se habían extralimitado en su autoridad y que la suspensión de los desahucios era ilegal.
“Aunque persiste la pandemia de COVID-19, también persiste la Constitución”, escribió el juez en su decisión emitida el jueves.
En un comunicado, Brian Boynton, subprocurador interino a cargo de la división civil del Departamento de Justicia, dijo que los fiscales respetuosamente difieren del fallo del juez y subrayaron que sólo es aplicable a las partes en el caso, no a otros en forma generalizada.
“La suspensión de los desahucios dispuesta por los CDC, que el Congreso amplió en diciembre pasado, protege a muchos inquilinos que no pueden contar con una paga mensual porque perdieron el empleo o porque gastaron en atención médica”, afirmó Boynton.
“Al impedir que la gente se quedara en la calle o tuviera que mudarse a viviendas aglomeradas, la suspensión contribuye a desacelerar la propagación del COVID-19”.
La moratoria de los CDC a los desalojos fue firmada en septiembre por el presidente Donald Trump y ampliada hasta el 31 de marzo por el mandatario Joe Biden.
Barker, propuesto por Trump en 2018 para que se desempeñara en el distrito este de Texas, se abstuvo de emitir una orden en el caso. Varios arrendadores se fueron a juicio argumentando que el gobierno federal carecía de autoridad legítima para frenar los desahucios.
“El gobierno federal no puede decir que alguna vez haya invocado su autoridad sobre el comercio interestatal para suspender los desalojos”, escribió Barker. “No lo hizo durante la mortal pandemia de la gripe española. Tampoco invocó tal autoridad durante las exigencias de la Gran Depresión. El gobierno federal nunca ha reclamado esa autoridad en ningún momento de la historia de nuestra nación sino hasta el año pasado”.
Los gobiernos estatales y locales habían aprobado moratorias a los desalojos de inquilinos a principios de la pandemia pero muchas de esas protecciones ya fenecieron.
Para acceder a la protección, los inquilinos deben tener un ingreso de 198.000 dólares o menos como parejas que la solicitaron en conjunto o de 99.000 si es una persona sola; mostrar que han pedido asistencia del gobierno para pagar la renta; declarar que no pueden pagar debido a las penurias derivadas del COVID-19; y declarar que podrían convertirse en personas sin casa sin son echadas a la calle.
