Ahora que el presidente Barack Obama ha ordenado una revisión a fondo de la política de deportación para que esta sea más humanitaria, los funcionarios debieran de tener en cuenta los casos de Jesús Barrera y José Saravia del sur de la Florida.
Ayudan a ilustrar las contradicciones y caprichos del disfuncional sistema de inmigración, la porosidad de los controles fronterizos y las razones de por qué los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes han incrementado sus exigencias de que Obama ponga fin a las deportaciones.
Y no es que las autoridades federales acusaran injustamente a Barrera y Saravia de violar las leyes de inmigración. De hecho, sí violaron las leyes de inmigración, por lo que podrían ser deportados bajo la política actual. Pero también podrían quedarse si uno examina a profundidad los mismos reglamentos que recomiendan su expulsión.
Las regulaciones requieren que funcionarios de inmigración tengan en consideración los antecedentes penales de un inmigrante y también si este es familiar inmediato de algún ciudadano estadounidense, antes de decidir si se le deporta o se le permite quedarse.
Ese es el dilema que encaran las autoridades de inmigración en cuanto a Barrera y Saravia. Ambos tienen familiares aquí, que incluyen a hijos que son ciudadanos estadounidenses, y ambos tienen antecedentes que permiten su deportación.
Aunque la mayoría de los activistas tratan de convencer a Obama a suspender las deportaciones, solo unos pocos se enfocan en las directrices que los funcionarios migratorios siguen para decidir si alguien se va o se queda.
Nora Sándigo, presidenta del grupo Fraternidad Americana, está a la vanguardia de los que quieren reducir el número de deportaciones a través de una modificación especifica de las pautas de deportación que la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) utiliza para decidir si alguien es expulsado o no.
“A medida que se inicia la revisión de la política de deportaciones del presidente Obama, los funcionarios deben modificar las prácticas existentes que generan mucho dolor en las comunidades inmigrantes”, dijo Sándigo en una entrevista el lunes en su despacho de Kendall.
Sándigo es uno de los primeros líderes de organizaciones activistas en el sur de la Florida que propone una solución concreta en lugar de exigir una suspensión general de las deportaciones.
Son tantas las deportaciones que han tenido lugar desde que Obama tomo posesión como presidente en el 2009 que la presidenta del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía, recientemente lo catalogó como el “deportador-en-jefe”.
Los lineamientos que siguen las autoridades migratorias están contenidos en un memorando del 2 de marzo del 2011 emitido por el entonces director de ICE, John Morton. En términos generales, el documento dice que los primeros que deben ser deportados son los terroristas extranjeros, los extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional y los extranjeros que son delincuentes violentos. Pero estas pautas están seguidas por una serie de otras prioridades menores, que también permiten la expulsión de gran cantidad de extranjeros culpables de una gran variedad de transgresiones que van desde múltiples delitos menores hasta el retorno al país después de una deportación previa.
Barrera y Saravia, a quienes Sandigo está ayudando, se encuentran entre las prioridades menores — y ambos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto reflejan las contradicciones en las directrices que Sándigo espera eliminar si se siguen sus recomendaciones para modificar los lineamientos de ICE.
Bajo la propuesta de Sándigo solo los terroristas y delincuentes violentos serían deportados y no así los que han cometido delitos menores, no importa el número, o si han regresado al país tras ser deportados previamente o son prófugos de una orden de deportación.
Barrera, de 44 años, fue detenido por funcionarios de inmigración y casi deportado a su natal México cuando las autoridades se dieron cuenta de que había sido expulsado anteriormente.
El memorando de Morton del 2 de marzo del 2011 incluye una categoría que hace que Barrera sea elegible para la deportación por haber regresado ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido expulsado en el pasado.
Barrera no es ni asesino, ni violador ni secuestrador. Sin embargo, todavía ICE lo considera prioridad para la deportación porque su delito se ubica en una de las categorías más importantes que justifican expulsión.
Al mismo tiempo, Barrera tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. El memorando de Morton indica que ICE debe considerar cuidadosamente si se debe expulsar a alguien que es un pariente inmediato de un ciudadano estadounidense.
Si bien los funcionarios del ICE no dijeron como decidieron el caso de Barrera, es posible que cuando lo liberaron en enero tuvieron en cuenta el hecho de que tiene dos hijos que son ciudadanos.
ICE le dio un año para ver si puede convencer a un juez de inmigración que le permita quedarse en el país.
Barrera, un trabajador agrícola Homestead, había sido detenido para ser deportado el 17 de enero, pero luego comenzó una huelga de hambre para exigir la liberación. A los pocos días su compañero de Honduras, Jenny Aguilar comenzó su propia huelga de hambre frente al centro de detención de Krome en el oeste de Miami-Dade.
Saravia, por su parte, fue detenido recientemente por una violación de tráfico. Funcionarios han dicho que ignorar las infracciones menores de tránsito cuando se trata de inmigrantes indocumentados, pero Saravia fue enviado a Krome para su posible deportación al parecer porque corresponde a la categoría en el memo Morton de tener múltiples delitos menores en su historial. El memo Morton cita tres o más condenas por delitos menores como los criterios para la valoración de la deportación. Saravia tiene seis faltas en su historial, incluyendo carreras de resistencia en una carretera, la alteración de una plantilla de licencia, posesión de cangrejos de piedra prohibidas y múltiples episodios de conducir sin una licencia.
Pero Saravia, de 38 años, también tiene un hijo ciudadano de EEUU. ICE no ha tomado una decisión sobre su caso, pero la agencia probablemente enfrentará el mismo dilema que en el caso Barrera.
Saravia posiblemente enfrenta la deportación bajo las disposiciones del memorando de Morton debido a que tiene en su haber múltiples delitos menores, conocidos como misdemeanors. Pero también es posible que pueda quedarse en libertad ya que es padre de un ciudadano estadounidense.
En la última página del memorando de cuatro Morton recomendó que los inmigrantes deportables que tengan familiares estadounidenses deben ser objeto de especial consideración.
“Especial cuidado se debe tener cuando se trata de residentes legales, los menores de edad y los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses”, dice la nota de Morton.
Además, otro memorando de Morton emitido el 17 de junio del 2011, pide a funcionarios de ICE considerar — entre otros factores – antes de decidir una deportación si un inmigrante “tiene un ciudadano o residente permanente que sea su conyugue, hijo padre”.
Sándigo dice que las directrices de ICE deben simplificarse. Las instrucciones sobre deportaciones solo deben aplicarse a terroristas, a extranjeros considerados como amenazas a la seguridad nacional y a los criminales violentos, tales como asesinos, violadores y ladrones armados. Todos los demás, ya sea que tengan condenas por delitos menores, reingresos después de deportación previa u orden de expulsión pendiente, podrán quedarse, dice Sándigo.
“Es hora de poner fin a esta tragedia nacional de deportaciones que solo está destruyendo a las familias de inmigrantes”, dijo Sándigo. (El Nuevo Herald)
