Si las finanzas públicas siguen en la dirección actual a Puerto Rico le quedan, como mucho, tres años antes de enfrentar la insolvencia e incluso una posible intervención federal, según reputados economistas entrevistados por El Nuevo Día.
De materializarse este cuadro, la Isla, al igual que le pasaría a una familia que se queda sin recursos, tendría que decidir qué paga y qué dejar sin pagar.
En el caso del Gobierno, un cuadro como este representaría escenarios tales como, pagarle a los bonistas y dejar de pagar la tarjetita de salud o las pensiones de sus empleados públicos. O tal vez, recortar su inversión en obra pública para poder cumplir con servicios vitales.
La raíz del problema
¿Qué ha provocado que la Isla esté en esta situación crítica? El país casi ha llegado al límite del margen prestatario que le permite la Constitución y la deuda pública total es igual al tamaño de la economía de la Isla.
Hasta junio del año pasado, la deuda pública total alcanzó $64,279 millones, sin contar las transacciones adicionales que se han dado en el año fiscal en curso y que empujarían esa cifra por encima de los $65,500 millones al cierre del presente año fiscal.
“El problema que tenemos es muy grande y el sistema político trata de ignorarlo. Mira a otro lado porque es un sistema donde se ha cultivado la irresponsabilidad”, dijo el economista Elías Gutiérrez haciendo referencia a la tendencia alcista en el nivel de la deuda pública.
“La clase política no entiende la coyuntura que vive. Quiero pensar que no han entendido todavía, porque lo otro sería pensar que no les importa”, agregó el director de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico.
El escenario de la insolvencia
Un escenario de insolvencia, significaría serios problemas para la ciudadanía y las empresas en la Isla. En otras palabras, Puerto Rico sería un Grecia.
Pero el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Juan Carlos Batlle, indicó ayer con vehemencia ese escenario es absolutamente remoto.
No obstante, la señal de ese conteo regresivo hacia el momento en que el país no será capaz de pagar su deuda aparece en el presupuesto recomendado esta semana por el gobernador Luis Fortuño para el año fiscal 2012-13.
Según el presupuesto, hasta junio del año pasado, el margen prestatario de la deuda del gobierno central rondaba un 12%. La Constitución establece que el servicio a la deuda, solo en el caso del gobierno central no podrá exceder del 15% del promedio de ingresos de dos años fiscales anteriores.
Cuando se suma la deuda de las corporaciones públicas, los municipios y otras como los bonos pagaderos con el Impuesto a la Venta y Uso, Puerto Rico debe prácticamente lo mismo que produce. Dicho en otras palabras, cada boricua debe unos $17,702 sin contar el pago de intereses. En el presupuesto consolidado del Gobierno, parece una suma pequeña: 14 centavos de cada dólar se utilizan para pagar deuda.
Cómo llegamos a este punto
El economista Antonio Fernós Sagebién explicó que los gobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá utilizaron la deuda para financiar el déficit. Ahora, como el estado no recauda lo suficiente, Fortuño ha refinanciado la deuda para pagar menos.
Además, buscó una fuente de ingresos como el arbitrio temporero a las corporaciones foráneas para allegar el dinero que falta.
“Me parece que estos ahorros que se están dando a través de refinanciamientos son una cortina de humo. Si bien se baja el servicio a la deuda, no es una reducción permanente. Es postergar el gasto”, dijo el profesor de Finanzas en la Universidad Interamericana.
“Si el margen prestatario llega a su tope, habrá que sacrificar gastos recurrentes y establecer prioridades por ley, para determinar qué se paga o no. Es como la familia que dice este mes pago la escuela, el carro o la casa, pero no puedo pagar las tres deudas a la vez”, indicó.
¿Intervención federal?
Habida cuenta que un estado o jurisdicción de Estados Unidos no puede declararse en quiebra, Fernós Sagebién entiende que si la Isla no se reencamina de veras, podría encarar algún tipo de intervención federal, pues la Ley federal Dodd-Frank ahora concede potestad a la Reserva Federal para intervenir en una corporación financiera estatal.
Pero el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), no cree que Estados Unidos entre al juego de “salvar” a Puerto Rico.
“No lo hicieron con Nueva York, no lo hicieron con Filadelfia, ni siquiera con Detroit”, explicó Marxuach al agregar que una intervención de ese tipo significaría que Estados Unidos habría fracasado en su política pública con respecto a Puerto Rico.
Las alternativas disponibles
De acuerdo con Marxuach, las alternativas que permitirían allegar dinero a las arcas públicas son todas difíciles. Una de ellas sería transferir más dinero del IVU al Fondo de Interés Apremiante para emitir deuda adicional.
Otra, sería hacer permanente el impuesto que se le impuso de forma temporera a las corporaciones foráneas, conocido como le Ley 154, la que ocasionó la ira de las principales farmacéuticas multinacionales que operan en Puerto Rico.
Según Gutiérrez, habría que imponer nuevos impuestos o crear un impuesto al valor añadido (IVA) para cumplir con las obligaciones corrientes y pagar por la insolvencia de los planes de pensiones, algo que encarecería el costo de vida de todos los puertorriqueños.
O, tal vez, posponer la segunda fase de la reforma contributiva, que es la que promete un alivio al bolsillo de la mayoría de los contribuyentes.
Batlle, empero, no cree que el país esté cerca de la insolvencia, pues entiende que la administración del gobernador Luis Fortuño ha tomado medidas concretas para alejarnos de ese escenario.
Alejarse de la disciplina fiscal o emitir deuda de manera imprudente sí podría poner a la Isla nuevamente contra la pared, reconoció.
Para evitar la hecatombe
Todo ese mar de decisiones antipáticas podría evitarse dijo Gutiérrez, si el país tomara las medidas adecuadas para hacer que la economía vuelva a producir.
Y eso solo se logra entendiendo que el Gobierno no está para gastar en el día a día sino para fomentar la capacidad productiva de la Isla, lo que a fin de cuentas dará el dinero para cubrir los servicios que demanda la población. (Endi)
