Un panel del Senado de Florida aprobó extender las protecciones legales relacionadas con la pandemia de COVID-19 para médicos, hospitales, hogares de ancianos y otros proveedores de atención médica, pero solo hasta la próxima legislatura que comienza el 11 enero la nueva propuesta se podría convertir en ley.
Sur Florida / diariolasamericas
El proyecto (SPB 7014), respaldado en una votación de 7-4 por el Comité Judicial del Senado, mueve la fecha de vencimiento de las protecciones legales que el Congreso estatal aprobó el año pasado, desde marzo de 2022 hasta el 1ro. de junio de 2023.
La protección de responsabilidad civil favorece a centros hospitalarios y galenos que hicieron un “esfuerzo de buena fe para cumplir con las normas de salud autorizadas o de control emitidas por el gobierno”, según la iniciativa. Sin embargo, quien se crea con derechos puede demandar si demuestra “negligencia grave” en el servicio.
El presidente del Comité Judicial del Senado, republicano Danny Burgess, dijo que el proyecto de ley busca “garantizar que los proveedores de atención médica no se conviertan en blanco de litigios extensos como resultado de la pandemia”.
“Como nuestros trabajadores de primera línea están haciendo el trabajo de Dios, protegiéndonos y manteniéndonos seguros, solo queremos asegurarnos de que no estén mirando por encima de sus hombros mientras están haciendo todo lo que pueden en una pandemia global incierta”, argumentó Burgess.
La votación del Comité Judicial se produjo días después de que la noticia de la variante ómicron del coronavirus reavivó las preocupaciones sobre la pandemia, no solo en Florida y el país, sino en todo el mundo.
Los legisladores actuaron rápidamente durante la sesión de 2021 para aprobar protecciones legales relacionadas con la pandemia para proveedores de atención médica y otras empresas por espacio de un año, contra demandas relacionadas con temas como la transmisión de COVID-19 y el tratamiento de personas con esa enfermedad.
Aun así, los proveedores de atención médica pueden enfrentar demandas asociadas con el servicio frente al COVID-19, pero las protecciones legales requieren un estándar de prueba más alto para los demandantes.
En tales casos, los demandantes tienen que probar “por el mayor peso de la evidencia que el proveedor de atención médica fue negligente grave o participó en una mala conducta intencional”.
De igual forma, los proveedores de atención médica están protegidos de las demandas si pueden ofrecer defensas “afirmativas”, como el cumplimiento de las normas de salud emitidas por el gobierno.
El proyecto de ley recibió el respaldo de numerosas organizaciones, como Florida Hospital Association, Florida Medical Association, Florida Osteopathic Medical Association, LeadingAge Florida, Florida Senior Living Association, Florida Assisted Living Association, Florida Chamber of Comercio e industrias asociadas de Florida.
La medida de extensión es un reconocimiento de que la pandemia sigue siendo una preocupación, incluso cuando legisladores y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han impulsado leyes y políticas para mitigar el impacto del COVID.
El medio Florida Phoenix citó a Stephen Cain, un abogado de Miami que representa al grupo de abogados litigantes de la Asociación de Justicia de Florida, quien dijo que se opone a la extensión.
“Los hogares de ancianos, las instalaciones de vida asistida y los hospitales deben ser responsables de seguir las políticas adecuadas de control de infecciones”, dijo Cain. “Esto desincentiva a los proveedores de atención médica de hacer las cosas necesarias para ayudarnos a poner fin a esta pandemia”.
