El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que sancionará al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios de ese país por “la farsa” que supusieron las recientes elecciones presidenciales.
Sur Florida / AP
El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que las elecciones del 7 de noviembre fueron una “pantomima” que resultó en comicios injustos, sin libertad y sin democracia.
Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Los comicios fueron criticados internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, más conocida como OFAC, señaló en el comunicado que el Ministerio Público arrestó “de forma injusta” a candidatos presidenciales y les impidió presentarse a los comicios, “socavando así la democracia en Nicaragua”.
Los funcionarios sancionados son Luis Ángel Montenegro Espinoza, José Adrián Chavarría Montenegro, Rodolfo Francisco López Gutiérrez, José Antonio Castaneda Méndez, Mohamed Farrara Lashtar, Salvador Mansell Castrillo, Sadrach Zeledón Rocha, Leonidas Centeno Rivera y Francisco Ramón Valenzuela Blandón.
Las sanciones impuestas significan que cualquier propiedad o intereses en propiedad de los sancionados que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses serán bloqueadas y deben ser reportadas a La Oficina de Control de Activos Extranjeros. Cualquier entidad de la que los sancionados sean dueños, de forma directa o indirecta, también quedará bloqueada, indica el comunicado.
También el gobierno de Canadá, a través de la canciller Melanie Joly, anunció sanciones contra 11 altos funcionarios nicaragüenses, entre los que destacan el asesor económico de Ortega, el excomandante sandinista Bayardo Arce; la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, y a Montenegro, quien funge como contralor (fiscal de cuentas).
“El régimen de Ortega lleva a Nicaragua por la senda del autoritarismo. En respuesta, Canadá está imponiendo sanciones adicionales. Estamos utilizando todas nuestras herramientas diplomáticas para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar a este régimen opresivo”, escribió Joly en su cuenta de Twitter.
Al igual que en el caso de Estados Unidos, las sanciones incluyen a los alcaldes sandinistas Zeledón, Centeno y Valenzuela, acusados de cometer actos de represión contra la población civil.
Las personas afectadas no podrán ingresar a Canadá y ni tampoco participar en actividades o transacciones financieras con personas o entidades canadienses, según se indicó.
El Reino Unido impuso asimismo sanciones contra otros ocho altos mandos nicaragüenses, incluida la vicepresidenta de la república, Rosario Murillo; así como Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y el jefe de policía, Juan Valle Valle.
La cancillería británica anunció en un comunicado que sus sanciones imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos para aquellos “responsables de socavar los principios democráticos y las instituciones nicaragüenses, cometiendo violaciones severas a los derechos humanos y promoviendo la represión contra la sociedad civil”.
Los sancionados por el Reino Unido también incluyen a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de Nicaragua, que es la máxima funcionaria del Ministerio Público.
Estados Unidos ya ha sancionado a otros funcionarios nicaragüenses previamente este año. El gobierno estadounidense declaró la semana pasada que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura, en la aseveración más fuerte que ha hecho hasta este momento el gobierno del presidente Joe Biden para referirse a la administración de Ortega.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó el viernes una resolución que declaró que las elecciones presidenciales en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática”.
La resolución pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que analice la situación en el país centroamericano, realice un informe antes del 30 de noviembre y entonces se tomen “acciones apropiadas”.
En Managua, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Asamblea Nacional y diputado sandinista, Gustavo Porras, convocó a una sesión legislativa especial para este martes para discutir lo que llamó “el descarado injerencismo (injerencia)” de la OEA en Nicaragua.
Porras, sancionado en 2019 por Estados Unidos y ahora por el Reino Unido, rechazó “de forma enérgica y rotunda” la resolución aprobada por la OEA, la cual calificó como “un irrespeto a la soberanía de nuestro país.”
“No podemos seguir aceptando injerencias extranjeras sobre las decisiones que sólo nos corresponden a los nicaragüenses”, dijo Porras en rueda de prensa con medios oficialistas. “La OEA no es más que un vil instrumento de dominación del imperio yanqui” y está “desprestigiada y desacreditada”, protestó.
El presidente de la Asamblea Nacional también dijo que le recomendará al presidente Ortega “que denuncie (declare inválida) la Carta Interamericana de la OEA”.
En sus habituales declaraciones del mediodía, Murillo no se refirió a las sanciones anunciadas el lunes aunque dijo que el Consejo Supremo Electoral confirmó los resultados de la votación que les dio la victoria y les permitirá iniciar un nuevo gobierno en enero.
“Nos sentimos bendecidos, prosperados, llenos de triunfo de la paz y del bien… y defendiendo nuestra soberanía. Somos dignos, soberanos, valientes y nobles”, afirmó.
