El brasileño José Soares ha estado recluido en uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes de Estados Unidos desde hace dos años, donde ha pasado gran parte de su tiempo limpiando baños y puliendo pisos por una paga de un dólar al día.
Sur Florida / AP
Sin embargo, la semana pasada un jurado federal falló que Soares y otras personas recluidas que cocinan, hacen limpieza, lavan ropa y cortan pelo en el centro de detención privado en Tacoma tenían derecho a cobrar el salario mínimo de Washington de 13,69 dólares la hora. Se ordenó a la compañía multimillonaria propietaria del centro de reclusión que pagara más de 23 millones de dólares por concepto de sueldos atrasados y ganancias injustas a sus detenidos y exdetenidos y al estado de Washington.
Entonces los guardias, dijo Soares, le dieron un mensaje: ya no habría trabajo de limpieza.
En lugar de pagarles a los detenidos que trabajan el salario mínimo, el Geo Group, con sede en Florida, suspendió el Programa de Trabajo Voluntario mientras apela el fallo.
Ni la empresa ni el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que la contrató para que recluya a los detenidos habían respondido esta semana a preguntas de The Associated Press sobre la suspensión del programa.
Soares y otros dos detenidos y activistas que están pendientes de la situación en las instalaciones ubicadas al sur de Seattle le dijeron a la AP que gran parte de las labores de higiene que ellos solían realizar ya no se efectúan con regularidad.
“Se volvió un cochinero, nadie limpiaba nada”, dijo el detenido Iván Sánchez, de 34 años y procedente del estado mexicano de Jalisco, en una entrevista telefónica desde la cárcel. “Nosotros recogemos después de utilizar las cosas, pero nadie barre ni trapea. Los guardias estaban diciendo que no es su trabajo limpiar los baños… La situación ha causado mucha animosidad entre los detenidos y los agentes”.
Y para agravar las cosas, dijeron, el no poder trabajar dificulta a los detenidos comprar alimentos extras en el comedor del lugar para complementar lo que ellos consideran son comidas inadecuadas que les provee GEO.
Mientras que los detenidos que han laborado esperan un posible pago, “hay mucha gente aquí para la que ese dólar hace la diferencia”, declaró Soares. Aunque él tiene parientes afuera que le dan dinero para que adquiera cosas en el comedor, solía usar sus ingresos semanales para comprar cinco o seis paquetes de sopas de fideo para otros detenidos, agregó.
El centro de detención, llamado oficialmente Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste, tiene espacio para hasta 1.575 detenidos, aunque su número se redujo considerablemente durante la pandemia y el mes pasado era de unos 400. Los detenidos ahí no lo están por haber cometido algún delito, sino que se les mantiene en custodia civil mientras el gobierno resuelve su situación migratoria o los deporta.
Dos demandas fueron presentadas en 2017 en relación con la paga para los detenidos que han laborado: Una la entabló el procurador de Washington, Bob Ferguson, y la otra abogados de los detenidos. Las partes demandantes acusaron a GEO de lucrar a costillas de los trabajadores recluidos.
Los casos fueron fusionados para juicio, y un jurado de la Corte Federal de Distrito falló el 27 de octubre que los detenidos tenían derecho al salario mínimo. Ordenó a GEO que pague a más de 10.000 detenidos y exdetenidos 17,3 millones de dólares en sueldos adeudados que se remontan a 2014. El juez Robert Bryan falló además esta semana que la compañía se había enriquecido injustamente y debe pagar 5,9 millones de dólares al estado de Washington.
GEO solicitó el jueves al juez que deje en suspenso las decisiones a la espera de la apelación. La compañía escribió que tiene dinero suficiente disponible “para pagar los fallos más de 20 veces”, pero manifestó su inconformidad con las determinaciones.
En un comunicado, la empresa mencionó un fallo en marzo que fue adverso a detenidos en una instalación de Nuevo México propiedad del otro principal contratista privado del país que recluye a inmigrantes, CoreCivic. GEO y CoreCivic poseen y administran gran cantidad de cárceles en Estados Unidos.
Una corte federal de apelaciones en el caso determinó que los detenidos no tenían derecho a recibir el salario mínimo porque “no estaban en una relación empleador-empleado sino en una entre centro de detención y detenido”.
La ley sobre el salario mínimo de Washington establece que quienes se encuentren en instalaciones de detención a nivel estatal, de condado y municipal no tienen derecho al salario mínimo, pero la ley no contempla esa excepción en el caso de prisiones privadas.
El ICE requiere que los contratistas de los centros de detención de inmigrantes ofrezcan programas de trabajo voluntario como forma de reducir la inactividad de las personas recluidas, pagándoles “al menos” un dólar al día. Sin embargo, las compañías también están obligadas a respetar otras leyes federales, estatales y locales, como la Ley del Salario Mínimo de Washington, argumentaron el procurador y los abogados de los detenidos.
El 29 de octubre, GEO recibió autorización del ICE para suspender el programa de trabajo, según documentos judiciales.
Algunos detenidos recibieron un memorando de GEO ese día en el que les explicaba que ya no podrían seguir trabajando como venían haciéndolo; el memo aseguraba falsamente que el ICE había suspendido el programa de trabajo, según una imagen facilitada a la AP.
Los tres detenidos que la AP entrevistó se encuentran en la misma unidad y dijeron no haber visto el memorando. Dos señalaron haber visto a más guardias de lo usual trabajando en la cocina para preparar alimentos, y uno, el venezolano Víctor Fonseca, de 40 años, dijo haber visto a un guardia que trapeaba el piso de las regaderas.
Soares, de 44 años, proveniente del estado de Goiás en el centro de Brasil, solía trabajar limpiando y puliendo pisos en turnos nocturnos de las 12 a las 4 de la mañana. Dijo que para el sábado último, los pisos y baños en su unidad, que entonces tenía a 32 varones recluidos, estaban tan sucios que él pidió permiso para limpiarlos a pesar de la suspensión del programa de trabajo.
Los guardias accedieron y trabajó cuatro horas sin paga, limpiando, dijo Soares. No se le permitió a nadie ayudarlo.
