Fiscales generales de 24 estados, entre ellos Florida y Texas, que presentan gran incidencia del COVID-19 en las últimas semanas, anunciaron este jueves que presentarán una demanda contra el presidente de EE.UU., Joe Biden, si insiste en obligar a las empresas privadas a la vacunación de sus empleados.
Sur Florida / elnuevoherald
“El Gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas, y esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal”, manifestó en un comunicado la fiscal general de Florida, Ashley Moody, al anunciar la iniciativa legal.
Señaló que los 24 fiscales, en su mayoría con Gobiernos republicanos, instaron en una carta enviada este jueves al presidente Biden a eliminar la orden de vacunas si no quiere arriesgarse a “una acción legal”.
Los fiscales recuerdan en la misiva que el pasado 9 de septiembre el demócrata anunció una nueva norma de emergencia que afectará a todas las compañías que tengan 100 empleados o más, en las que trabajan al menos 80 millones de personas.
Esas empresas deberán garantizar que sus trabajadores están completamente vacunados o, de lo contrario, deberán mostrar un resultado de test negativo al menos una vez a la semana.
Según los fiscales el presidente se está extralimitando en sus funciones, al señalar que son los estados los que por ley deben velar y proteger la seguridad y salud de sus ciudadanos.
Subrayaron que “los estados están preparados para presentar una demanda después de la implementación del mandato planificado sobre los empleados del sector privado para recibir una inyección de la covid-19, someterse a pruebas semanales o ser despedidos”.
Según los fiscales, “los riesgos de propagación de la covid-19 también varían ampliamente según la naturaleza del negocio en cuestión, muchos de los cuales pueden hacer que sus empleados, por ejemplo, trabajen de forma remota”.
Biden también firmó un decreto a comienzos de septiembre que establece un mandato de vacunación para los 2,1 millones de empleados del Gobierno federal de Estados Unidos.
La carta está firmada también por los fiscales de generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
