Un presunto integrante de la cúpula del cártel “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa en 2014, fue asesinado en una localidad del centro del país, anunciaron el martes autoridades estatales.
Sur Florida / AP
Moisés Brito Bautista, alias “El Bandam”, falleció la noche del lunes tras recibir varios disparos de arma de fuego en un estacionamiento de una plaza comercial en el municipio central de Cuernavaca, estado de Morelos, indicó en un comunicado la Fiscalía General de esa entidad.
En el hecho resultó gravemente herida por impactos de balas la pareja Brito Bautista, que fue trasladada a un centro de salud. Elementos de la policía de Morelos acordonaron la zona e iniciaron recorridos para tratar de localizar a los responsables del homicidio.
Brito Bautista, de 33 años, tenía una orden de captura por el delito de homicidio y por estar presuntamente relacionado con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” que ha sido vinculado a la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero, precisó la Fiscalía.
Los jóvenes fueron capturados por policías de Iguala con la participación de otros cuerpos de seguridad y delincuentes.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguró que los estudiantes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Esa versión quedó descartada luego que la actual Fiscalía confirmó que fue “un montaje” el hallazgo que se reportó en el 2014 de un hueso de un primer estudiante, Alexander Mora. Además, en julio de 2020 el resto de un segundo estudiante, Christian Rodríguez Telumbre, fue encontrado en un lugar distinto del basurero de Cocula, llamado “La Carnicería”.
Luego que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 se creó una Comisión de la Verdad, se realizaron una treintena de nuevas búsquedas, se iniciaron procesos contra el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificar documentos, y se ordenó la captura de los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, entre ellos policías federales y militares.
