Pedro Castillo gobernará Perú desde el 28 de julio y recibirá un país con la tercera parte de la población en la pobreza aunque esperanzada en el cumplimiento de sus promesas de cambio. Sin embargo, no tendrá mayoría en el Congreso y los grupos de poder e inversionistas lo miran con desconfianza.
Sur Florida / AP
El profesor izquierdista de 51 años dijo en la víspera a sus simpatizantes que su mandato será “inclusivo, justo y libre”. La semana pasada comentó que “priorizará un crecimiento que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos”.
Debido al impacto económico por el nuevo coronavirus, la tercera parte del país es pobre y unos 10 millones viven con 98 dólares mensuales, de acuerdo con cifras oficiales. También se han perdido millones de puestos de trabajo y han quebrado miles de pequeñas y medianas empresas.
No se sabe quiénes dirigirán instituciones claves para los inversionistas, como el Ministerio de Economía o el Banco Central, cuyo presidente Julio Velarde ha dirigido la entidad por más de 14 años y ha dicho hace algunas semanas que “va a pensar” la propuesta de Castillo para continuar en el cargo.
Los empresarios no conocen al presidente electo y lo miran con desconfianza. Oscar Caipó, presidente del gremio más importante de empresarios en Perú, dijo a la televisora pública que para seguir “creciendo se necesita inversión, que requiere estabilidad, confianza y estado de derecho”.
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings dijo que la victoria del profesor rural “aumenta la incertidumbre de la política económica, ya que el presidente electo aún no ha definido las prioridades políticas claves de su amplia plataforma de campaña, de tendencia izquierdista”.
A diferencia de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez, que tuvieron amplio apoyo en el Legislativo para sus gestiones, Castillo llega débil. Ni siquiera lidera a los legisladores del partido Perú Libre, por el cual fue elegido, porque es un invitado en esa agrupación.
El fundador de Perú Libre es el neurocirujano marxista Vladimir Cerrón, quien cumple en libertad una condena de cuatro años de cárcel por corrupción mientras fue gobernador en 2019. Aunque Castillo ha mencionado varias veces que en su gestión a Cerrón “no lo van a ver ni siquiera de portero”, el médico formado en Cuba es activo en las redes sociales y controla a su partido.
Los analistas afirman que lo primero que Castillo debe evitar es ser destituido del cargo en un país donde hubo cuatro presidentes desde 2016. Para seguir en su puesto el profesor debe asegurar al menos 44 votos de los 130 integrantes del congreso unicameral. Perú Libre obtuvo 37 sillas y si Castillo se acerca al centro, podría conseguir siete votos claves de otros partidos.
Una vez asegurado su sillón, Castillo debe cumplir con su promesa de “no más pobres en un país rico” que provocó un alud de votos, sobre todo en las zonas rurales del país y entre los pobres. El presidente electo, que no tiene experiencia en el manejo de los asuntos públicos, pero sí habilidades desarrolladas como dirigente del sindicato magisterial, ha prometido que su gobierno será inclusivo.
“Convocamos a los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas para hacer de esta patria hermosa”, escribió en la víspera Castillo en Twitter. La esposa de Castillo, Lilia Paredes, dijo a The Associated Press “que su esposo no va a defraudar” a los peruanos. “Y sé que lo va a lograr porque yo lo conozco”, indicó.
Cumplir sus principales promesas podría sumarle apoyo popular en un país con presidentes caracterizados por olvidar sus propuestas para los menos favorecidos apenas fueron elegidos.
La incertidumbre sobre quién sería el nuevo presidente de Perú luego de las acusaciones de fraude sin pruebas de la candidata perdedora Keiko Fujimori, han reducido a sólo una semana el usual mes de plazo que dispone un presidente electo para conformar su gabinete antes de asumir el poder. Castillo no tendrá descanso porque Fujimori, que tiene 24 parlamentarios y otros 25 posibles legisladores aliados de partidos derechistas, aceptó a regañadientes el triunfo “ilegítimo” del profesor y auguró, sin dar detalles, que su victoria “tendrá graves consecuencias para nuestro país”.
Tras perder, Fujimori se juega su libertad en un próximo juicio luego que un fiscal pidió en marzo enviarla a la cárcel por 30 años tras acusarla de lavar dinero recibido para sus anteriores campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que también fue derrotada.
Una de las primeras batallas que Castillo enfrentará es su deseo de cambiar la Constitución promulgada en 1993 por el padre de Keiko Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sentenciado a prisión por delitos de corrupción y por el asesinato de 25 peruanos. Fujimori afirma que Castillo buscar destruir la actual constitución “para tomar el poder de forma definitiva”. El presidente electo ha negado esa posibilidad y le ha pedido a Fujimori no poner “más obstáculos para sacar adelante este país”.
