Tras 16 largos meses de cierre, uno de los sectores más importantes de la economía de Miami-Dade y Florida comienza a ver la luz al final del túnel. No obstante, aún no es definitivo si estos gigantes del mar podrán zarpar de puerto en los próximos días.
SurFlorida / diariolasamericas
Prueba de ello es la reciente travesía de ‘prueba’ que realizó Freedom of the Seas, con 600 pasajeros a bordo, todos empleados voluntarios.
La empresa naviera Royal Caribbean, que administra la embarcación, no ha especificado si pidió prueba de vacunación, lo que incumpliría la reciente ley establecida en Florida que prohíbe pedir ese tipo de documentación.
De hecho, un juez federal de Florida dictaminó que la autoridad nacional para el control de enfermedades CDC “solo debe recomendar” qué hacer para prevenir el contagio de COVID en los cruceros, lo que podría liberar a decenas de grandes embarcaciones que han estado varadas en puertos del estado desde marzo del año pasado.
Según el fallo emitido por el magistrado Steven Merryday, la orden emitida por CDC sería una “consideración”, “recomendación” o “directriz” no vinculante a partir del 18 de julio.
No obstante, el Gobierno federal planea apelar la sentencia y presentar nuevas evidencias para sustentar su tesis y evitar que el estado de Florida se oponga a las regulaciones de la autoridad sanitaria nacional.
Entretanto, el gobernador Ron DeSantis celebra el dictamen y considera que “el CDC se ha equivocado”, alegando que la agencia federal ha tratado de “hacer hundir” el sector de los cruceros.
“Hoy, estamos asegurando esta victoria para las familias de Florida, para la industria de cruceros y para todos los estados que quieran preservar sus derechos frente a una extralimitación federal sin precedentes”, señaló el gobernador, que aspira a la reelección y tantea la posibilidad de aspirar a la nominación republicana para las elecciones presidenciales 2024.
Solo en Florida, los cruceros y sus pasajeros generan unos 9.000 millones de dólares y proveen empleo, directa e indirectamente, a cerca de 160.000 personas, según la Asociación de la Industria de Líneas de Cruceros.
Según datos divulgados por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, Florida dejó de percibir unos 9.000 millones de dólares. Solo en Miami-Dade la pérdida ronda los 6.000 millones.
“En Florida, aunque seguimos comprometidos a navegar con un 95% de pasajeros vacunados, no podemos exigir que todos los pasajeros estén vacunados”, señaló un parte de prensa emitido por Celebrity Cruises.
Y para solucionar el problema proponen: “Quienes no estén vacunados estarán sujetos a pruebas de COVID y medidas sanitarias a bordo, incluyendo el uso de mascarillas en todo momento, así como áreas designadas en espacios comunes (restaurantes, casino, teatro) para su uso exclusivo”.
Por otra parte, fuera de Florida, donde no está prohibido presentar la documentación de inmunización, Celebrity Cruises anuncia que solicitará a los pasajeros “prueba verificable de vacunación”, fechada al menos 14 días antes de embarcar.
Antecedentes
Por un lado, la autoridad federal CDC exige que la gran mayoría de pasajeros y personal de tripulación esté vacunada contra el COVID-19 y por el otro el Gobierno estatal de Florida prohíbe que se requiera prueba de inmunización para proveer servicios, lo que mantiene a los gigantes del mar anclados en puerto sin poder navegar.
La autoridad sanitaria CDC plantea la seriedad de la pandemia y las más de 600.000 muertes que ha ocasionado en el país, unas 37.500 solamente en Florida, incluyendo alrededor de 6.500 en Miami-Dade; mientras el Gobierno de Florida argumenta que la vacunación “no es obligatoria” y que por lo tanto “no se puede exigir prueba de inmunización”.
“Las leyes se aprueban para ser aplicadas”, recalcó DeSantis.
Sin embargo, hay quienes creen que hay “motivación política” detrás de esta confrontación.
“Es un claro choque de ideas que parece responder a posiciones políticas”, declaró el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates.
Asimismo, el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, cree que “esa ley coloca a DeSantis en una posición difícil. El estado ha demandado a CDC para permitir que se reanuden los cruceros, pero Florida, al mismo tiempo, ha impedido que las líneas de cruceros pidan prueba de vacunación”.
No obstante, Florida señala el impacto económico que tiene la suspensión de cruceros y sostiene que CDC excedió su autoridad legal con las restricciones.
Pero los abogados del Departamento de Justicia reiteran que el gobierno federal tiene la autoridad para regular la entrada y salida de barcos y prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y que Florida carece de “derecho legal” para ganar el caso.
La orden de ‘no zarpar’ fue emitida por CDC el 14 de marzo del año pasado, cuando comenzaba la pandemia y el gobierno de Donald Trump afrontaba a una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente del país.
Sin embargo, DeSantis opina que la administración del presidente Joe Biden “ideó un plan para hundir la industria de los cruceros” con demoras y demandas.
La autoridad nacional de enfermedades ha dicho que las empresas pueden iniciar cruceros con pasajeros si demuestran que el 98% de la tripulación de un barco y el 95% de los pasajeros están vacunados.
Entretanto, la procuradora general de Florida, Ashley Moody, emitió un comunicado en el que plantea que el fallo judicial es “una victoria para los floridanos trabajadores cuyo sustento depende de la industria de los cruceros”.
La orden del juez federal Merryday entraría en vigor el 18 de julio, pero días antes, el 2 de julio, el gobierno federal podría presentar su apelación.
