Bajo el lema borrón y cuenta nueva, aún cuando fue necesario el cumplimiento de medidas sanitarias durante la pandemia de coronavirus, la junta de clemencia de Florida perdonó a todos los floridanos que fueron arrestados o multados por incumplir las normas establecidas sobre el uso de mascarilla, cierre temporal de locales comerciales o distanciamiento físico.
SurFlorida / Diario las Américas
A solicitud del gobernador, Ron DeSantis, que apuesta por disposiciones que centralicen ciertos asuntos en el gobierno estatal, la condonación es necesaria “para que podamos recuperarnos, tener una buena transición a las operaciones normales, y también porque muchas de esas cosas (medidas) estuvieron muy, muy por la borda” exageradas.
La medida enfatiza la orden ejecutiva que DeSantis emitió el 3 de mayo, en la que suspende todas las restricciones del gobierno local relacionadas con la pandemia de COVID-19.
DeSantis también ratificó la ley adoptada por el Congreso estatal que, a partir del 1 de julio, limitará el poder de los gobiernos locales para emitir órdenes de emergencia y permitirá al gobernador invalidar las que considere inadecuadas.
No está claro cómo será el proceso de condonación ni si los gobiernos locales tendrán que devolver el monto de las multas, lo que probablemente provoque reacciones adversas de autoridades condales y municipales.
DIARIO LAS AMÉRICAS contacto la oficina del gobernador y obtuvo respuesta de la secretaría de prensa: “Cada entidad local que tenga una sanción pendiente tendrá que eliminarla, incluyendo multas o cargos pendientes, asociada con violaciones a las medidas contra el COVID-19”.
“Si alguna de estas multas no se retira automáticamente, cualquier persona que tenga un caso abierto en su contra puede hacer alusión a la orden de clemencia y solicitar la eliminación de la multa”, señaló la secretaria de prensa, Christina Pushaw.
De hecho, la comisionada de Agricultura, Nikki Fried, fue la única miembro de la mencionada junta de clemencia que votó en contra de la condonación.
“Los gobiernos locales dieron un paso al frente para proteger a la gente. Hicieron lo mejor que pudieron para defender la salud y los intereses de sus comunidades ”, argumentó Fried.
La procuradora estatal, Ashley Moody, que también forma parte del cuerpo condonante, alegó “derechos y libertades individuales”, que tanto el gobernador como sus seguidores aducen, ante lo que consideran “imposiciones”.
Por ejemplo, en julio del pasado año, cuando la pandemia entraba en su fase crucial, la Comisión de Miami-Dade adoptó aplicar multas, de 100 a 500 dólares, según el caso, a quienes no usaran mascarillas, y 500 dólares a locales comerciales que no acataran las normas sanitarias, luego de que el entonces alcalde Carlos Giménez insistiera en la necesidad de adoptar “una penalidad civil”.
En aquel momento, el juez estatal John Kastrenakes falló que las órdenes sanitarias eran legales, ya que “no hay derecho constitucional de infectar a otros”.
De esta manera, el juez dictaminó que “requerir una mascarilla está dentro de los derechos del Condado para proteger al público durante una pandemia y las personas que se oponen al mandato no pueden demostrar que sus derechos constitucionales son violados”.
De hecho, decenas de personas y locales comerciales fueron multados, pero en septiembre, cuando la pandemia comenzó a ceder y fue promulgada la fase de reapertura, el gobernador DeSantis emitió una orden ejecutiva para suspender las multas. Ahora las condona.
No está claro cuántos residentes se verán afectados por la decisión del miércoles y la oficina de DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
