Un grupo de justicia social ha presentado una demanda contra el gobernador de Florida. Ron DeSantis y otros dos días después de que el republicano firmara un proyecto de ley para crear penas más duras para las personas que participan en protestas violentas.
SurFlorida / Click Orlando
El grupo sin fines de lucro Legacy Entertainment & Arts Foundation presentó la demanda el miércoles en la corte federal de Orlando, según los registros judiciales. Argumenta que la nueva ley viola las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión, las protecciones de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales y las protecciones del debido proceso de la 14a Enmienda.
“El impresionante alcance del proyecto de ley incluye la concesión de inmunidad civil a las personas que se enfrentan a manifestantes pacíficos si dicha manifestación bloquea una carretera, evita que las personas acusadas de ‘disturbios’ salgan de la cárcel hasta después de su primera comparecencia ante el tribunal, aumenta las penas por agredir a los agentes del orden mientras participan en un ‘disturbio’, penalizando a los gobiernos locales que interfieren con los esfuerzos para detener un ‘disturbio’, y permite que las agencias de aplicación de la ley que enfrentan reducciones de fondos presenten objeciones”, declaró la denuncia.
El portavoz de DeSantis, Cody McCloud, dijo que la oficina del gobernador aún no ha sido notificada en el caso, pero defenderá firmemente los méritos legales de la nueva ley, que McCloud dijo que protege a las empresas, apoya a la aplicación de la ley y garantiza el castigo para aquellos que causan violencia.
El llamado proyecto de ley antidisturbios que DeSantis firmó el lunes fue una respuesta a las manifestaciones nacionales que ocurrieron tras el asesinato de George Floyd. La mayoría de las protestas contra la injusticia racial fueron pacíficas, pero algunas se volvieron violentas. Después de la insurrección del 6 de enero en los EE. UU. Capitolio por partidarios del entonces presidente Donald Trump, los republicanos que impulsan la legislación la usaron como ejemplo para apoyar el esfuerzo.
Los opositores al proyecto de ley dijeron que era una reacción racista a un problema que no ha ocurrido en Florida. Lo vieron como un intento de aplastar las voces de grupos como Black Lives Matter.
La nueva ley aumenta las penas por delitos cometidos durante un motín o protesta violenta. Permite a las autoridades retener a los manifestantes arrestados hasta una primera comparecencia ante el tribunal y establece nuevos delitos graves para organizar o participar en una manifestación violenta.
También despoja a los gobiernos locales de las protecciones de responsabilidad civil si interfieren con los esfuerzos de las fuerzas del orden para responder a una protesta violenta y agrega un lenguaje a la ley estatal que podría obligar a los gobiernos locales a justificar una reducción en los presupuestos de aplicación de la ley.
También convierte en un delito grave de segundo grado destruir o demoler un monumento, placa, bandera, pintura, estructura u otro objeto que conmemora a personas o eventos históricos. Eso sería punible con hasta 10 años de prisión.
