Quienes rentan apartamentos, casas o estudios a visitantes en Florida, a través de plataformas en línea como Airbnb, VRBO y HomeToGo, podrían estar sujetos en adelante a ciertas regulaciones como el pago de impuestos, que estarían bajo el control del estado.
Sur Florida / Diario las Américas
Los proyectos de ley SB 522 del Senado y el HB 219 de la Cámara de Representantes, si se aprueban durante la sesión legislativa que recién comienza este año, otorgarían en gran medida al estado de Florida el control sobre la regulación, concesión de licencias y la inspección de alquileres vacacionales a corto plazo.
La iniciativa en la Cámara Alta es patrocinada por el senador republicano del área de Hialeah, Manny Díaz Jr., mientras que su complemento en la Cámara Baja es promovida por el congresista republicano de Jacksonville Jason Fischer.
Ambos legisladores presentaron en 2020 una propuesta similar en el Congreso floridano, pero sus intenciones fueron derrotadas después de que el gobernador Ron DeSantis dijera que las regulaciones de alquiler vacacional “deberían determinarse localmente”, o sea en muncipios y condados.
Al igual que las propuestas del año pasado, SB 522 y HB 219 contemplan que las casas de alquiler para vacaciones obtengan una licencia del Departamento de Regulación Comercial y Profesional del estado (DBPR), al tiempo que estén reguladas y gravadas por ofrecer esos servicios.
Asimismo, estos proyectos de ley incluyen una disposición que obstaculizó propuestas anteriores y es la anulación de las regulaciones de casas de vacaciones adoptadas por ciudades y condados desde 2014.
DIARIO LAS AMÉRICAS ha tratado de comunicarse con el senador Díaz, pero no ha sido posible. Sin embargo, el año pasado el legislador del sur de la Florida, al comentar sobre la propuesta, dijo a este medio que las “municipalidades y condados” podrán seguir imponiendo “regulaciones siempre y cuando sean aplicadas a todas las propiedades residenciales”, si es aprobada la iniciativa.
En ese sentido, Díaz aseguró que los gobiernos locales podrían continuar asignando regulaciones sobre “ruidos, estacionamiento y cantidad de ocupantes”.
Localidades del sur de la Florida como Miami y Miami Beach enfocaron en años recientes sus regulaciones en detener el flujo de fiestas que causa molestias a vecinos y en otros asuntos como el uso y comercio de drogas, y en la prostitución.
Según cifras oficiales, está en juego el control de una industria de 30.000 millones de dólares, con 6.6 millones de visitantes en 2019 que se hospedaron en casas privadas de Florida, alquiladas a través de alguna plataforma digital, en lugar de quedarse en hoteles.
A diferencia de las propuestas anteriores, la SB 522 y la HB 219 cuentan con el apoyo de la Florida Restaurant & Lodging Association (FRLA), al igual que 19 operadores de hoteles representados por la directora de Cultura y Gente de HDG Hotel, Lisa Lombardi.
No obstante, muchas localidades no están de acuerdo con las nuevas disposiciones bajo el criterio de que son los gobiernos municipales los que mejor conocen los problemas de sus áreas y por lo tanto están mejor capacitados para legislar según sus necesidades.
Según la Liga de Ciudades de Florida, funcionarios estatales aprobaron 24 medidas preventivas el año pasado que “erosionaron la autoridad municipal” y más de 140 solo en los últimos cuatro años.
Agregó que el Gobierno estatal “no tiene los recursos” para administrar decenas de miles de alquileres en todo la Florida.
Datos publicados por Airbnb dejan ver que la Florida cuenta con más de 40.000 propiedades alistadas en su plataforma, en la que más de tres millones de personas pernoctaron en 2019, lo que aportó cerca de 500 millones de dólares en ganancias para los usuarios.
