El presidente estadounidense Joe Biden elogió el sábado la aprobación de la Cámara de Representantes de un paquete de 1,9 billones de dólares que aliviaría los efectos de la pandemia de COVID-19, el primer paso hacia ofrecer otra dosis de ayuda a una agotada nación al tiempo que la medida ahora para a un tenso Senado.
SurFlorida – AP
“No hay tiempo que perder”, dijo Biden en breves declaraciones desde la Casa Blanca. “Si actuamos ya —de manera decisiva, rápida y audaz— podemos finalmente dejar atrás este virus. Podemos finalmente poner otra vez en marcha nuestra economía. El pueblo de este país ha sufrido demasiado y por demasiado tiempo”.
El proyecto del presidente para inyectar fondos a la economía en aprietos de individuos, negocios, escuelas, estados y ciudades azotados por el COVID-19 fue aprobado 219-212 en una votación casi apegada a las líneas partidistas. Con ello el proyecto de ley pasa al Senado, donde los demócratas aparentemente están empeñados en resucitar la cláusula de aumento del salario mínimo y donde podría haber enfrentamientos por la ayuda estatal y otros asuntos.
Los demócratas dijeron que el desempleo masivo y el medio millón de vidas perdidas en Estados Unidos son causas para actuar pese a que de antemano se han invertido casi cuatro billones de dólares en la lucha contra la enfermedad. Según ellos, los legisladores republicanos están fuera de sintonía con un público que, de acuerdo con las encuestas, está a favor del paquete económico.
“Me siento feliz esta noche”, dijo la representante demócrata de California, Maxine Waters. “Esto es lo que Estados Unidos necesita. Republicanos, ustedes deben ser parte de esto. Pero si no es así, vamos sin ustedes”.
Los republicanos señalaron que la iniciativa era demasiado costosa y que se gastaría muy poco dinero en educación para reabrir las escuelas de inmediato. Afirmaron que el texto está lleno de regalos para el electorado demócrata, como los sindicatos, y destina recursos a estados gobernados por demócratas que, según los republicanos, no los necesitarían porque sus presupuestos se habrían recuperado ya.
“A mis colegas que dicen que este proyecto de ley es audaz, yo les digo que es desmesurado”, afirmó el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy de California. “A los que dicen que es urgente, les digo que no está centrado. A los que dicen que es popular, les digo que es totalmente partidista”.
La propuesta de ley de ayuda económica en total proporcionaría pagos de 1.400 dólares a individuos, extendería los beneficios de emergencia por desempleo hasta agosto e incrementaría la desgravación para subsidios infantiles y federales de los seguros médicos.
También ofrecería miles de millones de dólares a escuelas y colegios, a gobiernos estatales y municipales, a vacunas contra el COVID-19 y pruebas de coronavirus, a arrendatarios, productores de alimentos e industrias en aprietos como las aerolíneas, restaurantes, bares y centros de eventos.
Los congresistas demócratas moderados Jared Golden, de Maine, y Kurt Schrader, de Oregon, fueron los dos únicos que no votaron siguiendo la tendencia de su partido. Esa marcada división partidista está convirtiendo la disputa en un enfrentamiento sobre a quién recompensarán los votantes por acumular más gasto federal para combatir el coronavirus y reactivar la economía, además de los cuatro billones de dólares aprobados el año pasado.
La disputa también se perfila como una prueba inicial de la capacidad de Biden de mantener la cohesión entre las frágiles mayorías legislativas de su partido: apenas 10 votos en la cámara baja y un Senado dividido en escaños iguales 50-50.
Al mismo tiempo, los demócratas trataban de resolver cómo calmar a los progresistas que perdieron su máxima prioridad en un sorprendente revés en el Senado el jueves.
La representante independiente de esa cámara, Elizabeth MacDonough, dijo que las normas del Senado obligan a que el aumento del salario mínimo federal se desvincule de la iniciativa sobre el COVID-19, lo que deja la propuesta en soporte vital. La medida elevaría gradualmente el mínimo a 15 dólares la hora en 2025, el doble de los 7,25 dólares en vigor desde 2009.
