“Siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”. El mensaje escrito por la joven Úrsula Bahillo a una amiga fue premonitorio.
A pesar de las señales de alarma y las reiteradas denuncias por violencia, Bahillo -de 18 años- fue asesinada de diez puñaladas por su expareja, un policía de licencia por problemas psiquiátricos a quien ni la justicia ni las propias fuerzas de seguridad de Argentina tomaron con la seriedad que requería.
Su caso no fue aislado.
Un 12% de la treintena de feminicidios ocurridos en enero fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en actividad o retirados, denunció el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). No hay estadísticas oficiales disponibles.
Úrsula, oriunda del poblado de Rojas, unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, estuvo en pareja con Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, un agente de la policía de la provincia de Buenos Aires con licencia psiquiátrica y que registraba antecedentes de violencia contra otras mujeres.
La joven puso fin a la relación y denunció a Martínez tras varias agresiones. Si bien la justicia le había impuesto una prohibición de acercarse a la denunciante, el policía violó la medida en reiteradas ocasiones.
El último fin de semana, Úrsula volvió a pedir ayuda en la comisaría de la mujer de Rojas, que giró el asunto a la justicia local que no intervino de inmediato. Según relató su madre, Patricia Nasutti, la joven había reclamado un botón antipánico.
La víctima fue interceptada por Martínez en el centro de Rojas y llevada en su vehículo a un descampado, donde la asesinó con un cuchillo “de carnicería, un arma importante”, según el fiscal Sergio Terrón.
Martínez está hospitalizado por una herida de arma blanca en el abdomen que se habría hecho a sí mismo.
“El caso nos interpela como sociedad. Úrsula había hecho todo lo que correspondía, había denunciado, había pedido ayuda, pero la justicia no la protegió”, lamentó Ada Rico, presidenta Asociación Civil La Casa del Encuentro que desde hace más de una década lleva la cuenta de las mujeres asesinadas en Argentina. En 2020 contabilizó 219 crímenes.
“Este femicidio se podría haber evitado”, sentenció.
“Tremendo. Eso hay que terminarlo de un vez por todas en la Argentina”, dijo el presidente Alberto Fernández el miércoles al ser consultado sobre el caso. “Hay que ser inflexibles con los autores del hecho”.
Desde 2015 Argentina es epicentro de masivas movilizaciones callejeras bajo la consigna “Ni una menos” que lograron instalar en la agenda pública la problemática de la violencia contra la mujer e impulsar la sanción de leyes. Sin embargo, los feminicidios no decrecen.
“Argentina es un país que en materia de femicidios tiene de las legislaciones más avanzadas, pero los resultados no son los esperados”, admitió Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de quien depende la fuerza que integra el agente acusado del asesinato de Úrsula.
Para el funcionario, “la metodología no es la correcta, el botón antipánico y las restricciones perimetrales son desafiantes para el femicida, que es un trasgresor por excelencia”.
Berni no pudo explicar por qué un agente con los antecedentes de Martínez había ingresado a la fuerza policial. El ministro ordenó desplazar a los jefes policiales de sus puestos.
Los feminicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según su relevamiento, entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías en Buenos Aires y sus alrededores.
La organización destacó que “la portación de armas reglamentarias” representa una amenaza latente para las víctimas de violencia que conviven con ellos y también llamó la atención sobre “las prácticas de encubrimiento” dentro de las mismas fuerzas cuando se denuncia a sus compañeros.
Mientras familiares de otras víctimas y organizaciones feministas se movilizaron a la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno nacional, en reclamo de “medidas concretas para parar esta máquina de violencia femicida que anida en la policía y el Poder Judicial”, Rojas despedía los restos de Úrsula entre la tristeza y la indignación.
Frente a la casa velatoria, la vecina Vanesa Farías dijo que la muerte de la joven “fue una bomba” para esa localidad agropecuaria. “Hay muchos casos que están guardados en Rojas y nadie hace nada. Muchas denuncias por maltrato, por violación”.
“¡Basta de ver mujeres muertas todos los días en el país! ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no nos protegen cuando se hace una denuncia? Que la justicia más grande caiga sobre su asesino”, reclamó la mujer con la voz entrecortada.
El código penal establece una pena de reclusión perpetua para los condenados por femicidio.
La fotoperiodista de AP Natacha Pisarenko contribuyó con este reporte desde Rojas.
