El reconocido grupo de fiscales brasileños que dirigió la operación “Lava Jato” fue desmantelado oficialmente el miércoles, lo que representa el simbólico final de una unidad de investigación que fue elogiada en un principio por su labor en el combate a la impunidad entre la élite política y empresarial del país, y que posteriormente se vio abrumada por acusaciones de ser parcial en sus indagaciones.
SurFlorida / AP
La operación “Lava Jato” inició en marzo de 2014 para indagar las transacciones en el mercado negro que involucraban a una estación de gasolina de la capital, Brasilia. Pero no tardó en descubrir sobornos por miles de millones de dólares relacionados con contratos de construcción otorgados por la petrolera estatal Petrobras. Los investigadores descubrieron que buena parte de los fondos ilícitos fueron a parar a las arcas de partidos y a los bolsillos de los políticos.
La unidad compartió sus hallazgos con otras naciones, lo que apoyó la lucha anticorrupción en toda la región.
Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alejandro Toledo, de Perú; Ricardo Martinelli, de Panamá; y Mauricio Funes, de El Salvador, fueron enviados a prisión como resultado de las investigaciones, al igual que algunos de los principales ejecutivos de importantes compañías constructuras como Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão y Camargo Correa. Odebrecht cambió recientemente de nombre a Novonor.
La fiscalía federal del estado de Paraná señaló en un comunicado que los nueve miembros del grupo fueron reasignados a la unidad Gaeco, que combate al crimen organizado. Cinco de ellos seguirán realizando investigaciones de Lava Jato, mientras que el resto asumirá obligaciones completamente distintas.
“El grupo de trabajo en Paraná deja de existir, pero algunos de sus miembros trabajarán con Gaeco con el objetivo de continuar su labor”, indica el comunicado.
Se tomaron medidas similares en los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Los fiscales de Río también serán absorbidos por Gaeco, mientras que los de Sao Paulo presentaron su renuncia en masa el año pasado.
La operación Lava Jato produjo 295 detenciones, presentó cargos contra 533 personas y culminó en sentencias de prisión para 174 sospechosos, según el comunicado. Además, se recuperaron más de 4,300 millones de reales (800 millones de dólares) de fondos ligados a actos de corrupción.
El sitio web noticioso The Intercept Brasil publicó en 2019 mensajes filtrados en los que se revelaba que Sergio Moro, que en algún momento fue el juez federal que encabezaba la investigación desde Paraná, colaboró con fiscales de Lava Jato de una manera que cruzaba las líneas éticas y posiblemente influyó en las sentencias de cárcel del expresidente Lula. Se prevé que el máximo tribunal del país decida en los próximos meses si deben revertirse dichas condenas.
Lula fue encarcelado en abril de 2018, con lo que quedó fuera de la contienda presidencial de ese año. El ganador de esos comicios, Jair Bolsonaro, hizo de la ley y el orden uno de sus temas de campaña, y se comprometió a convertir a Lava Jato en parte de la infraestructura anticorrupción de su gobierno. Moro se convirtió en su ministro de Justicia, pero renunció en abril pasado tras afirmar que el mandatario intentó intervenir indebidamente en la policía federal.
En tanto, las investigaciones de Lava Jato se desactivaron. Bolsonaro dijo en octubre del año pasado que la operación llegaba a su fin debido a que su gobierno está libre de corrupción.
Fabiano Angelico, investigador en materia de corrupción y exasesor de Transparencia Internacional en Brasil, dijo que los fiscales de Lava Jato cometieron errores que provocaron el desmantelamiento de la unidad, incluyendo un marcado sesgo político. Pero añadió que fue gracias a ellos que los brasileños entienden por primera vez lo que sucede cuando se exponen los sobornos a gran escala y la manera como se mueven las estructuras del poder para frenar las investigaciones.
“Los líderes políticos no hicieron nada con los resultados de la investigación, incluyendo a Bolsonaro”, dijo Angelico. “La lucha contra la corrupción es un arma política. Una vez que se ha desgastado su uso político, tiende a perder importancia, y eso fue lo que ocurrió en este caso”.
