Luego de que el Presidente pusiera en vigor hace unos meses un plan piloto para revisar los procesos judiciales de 300,000 estadounidenses en proceso de deportación, la Casa Blanca dijo el viernes que una recomendación de las autoridades migratorias para cancelar 14 por ciento de los 11,682 casos de deportaciones en Denver y Baltimore se basa en un porcentaje que no es definitivo porque un programa piloto establecido en agosto pasado no ha terminado.
El pasado 18 de agosto, el presidente Barack Obama anunció un cambio en la aplicación de la ley migratoria que suponía revisar “caso por caso” los procesos judiciales de unos 300,000 indocumentados que afrontan trámites de deportación, lo que permitiría a muchos de ellos no sólo quedarse en EEUU, sino además solicitar permisos de trabajo.
En cuanto a los casos pendientes, la agencia puso en marcha el 4 de diciembre una nueva fase, consistente en dos programas piloto de seis semanas durante las que los abogados han examinado cada uno de los procesos acumulados en los tribunales de inmigración de Baltimore, Maryland, y Denver, Colorado.
A partir de ahora, una vez terminada esa fase, las autoridades decidirán cómo ampliar el modelo de esos programas piloto a los tribunales de inmigración de todo el país.
Por su parte, la recién designada directora del Consejo de Política Interna Cecilia Muñoz señaló en conferencia de prensa que las cifras no son definitivas porque el departamento de seguridad nacional (DHS ) aún revisa los antecedentes criminales de inmigrantes no encarcelados por las autoridades federales en esas dos ciudades.
“No comenzamos con una idea cierta de qué porcentaje iba a ser (el de deportaciones canceladas). No se puede saber con anticipación, es algo para decidir caso a caso”, dijo. “Si esto llegara a ser el resultado en todo el país estamos hablando de 40,000 personas cuyos casos serán cerrados, pero no sabemos si eso será así”.
El porcentaje de casos puede variar sustancialmente en diferentes ciudades, a medida que la revisión de casos comienza a realizarse a lo largo del territorio estadounidense durante los próximos meses.
Un funcionario de DHS compartió el jueves con AP los resultados preliminares tras revisar casos en Denver y Baltimore, un programa piloto que forma parte de una promesa de Obama de enfocar los esfuerzos de deportación en personas que, además de encontrarse sin permiso en la nación, fueran delincuentes y representaran una amenaza a la seguridad nacional o pública.
Muñoz también indicó que las personas cuya deportación ha sido cancelada tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, pero “no hay garantías”.
El legislador demócrata Luis Gutiérrez, quien ha cabildeado intensamente para que la Casa Blanca ejerza mayor discrecionalidad sobre las personas a ser deportadas, expresó su beneplácito por la ejecución del plan piloto, pero señaló la necesidad de tener más “claridad sobre qué pasa a un individuo una vez que su caso es cerrado, porque tienen que ser capaces de trabajar y mantener a su familia”.
“Si la primera revisión muestra que casi una de cada seis personas que estamos deportando es una persona con vínculos comunitarios y familiares, y una historia larga en Estados Unidos, obviamente necesitamos incrementar el proceso de sacarlos de la lista de deportación”, agregó.
La cifra récord de 400,000 deportaciones anuales practicadas durante los últimos tres años ha generado críticas severas de la comunidad hispana, que jugará un papel importante en el intento de Obama de obtener la reelección en noviembre.
