«Ya basta de tanta represión. Ya basta de tanto abuso contra el pueblo cubano», clamaba ayer, en un vídeo colgado en las redes sociales, Nelva Ismarais Ortega, tras la nueva detención de su marido, José Daniel Ferrer, disidente y coordinador de la plataforma Unión Patriótica Cubana (Unpacu). La hermana de Ferrer, Ana Belkis, también alertó sobre esta nueva retención arbitraria (que duró ocho horas) a escasos metros de su casa, que acoge la sede de la Unpacu, habitualmente vigilada por los agentes de la Seguridad del Estado.
Sur Florida/ABC
Esta detención, que tuvo lugar ayer miércoles a primera hora de la mañana (hora local), coincidió con la publicación del informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Cubanos (OCDH) sobre la violación de derechos en la isla, que documenta el incremento de la represión en 2020.
Según la ONG, el año pasado fue «nefasto» para los derechos humanos en Cuba. «Se han incrementado las prohibiciones y las limitaciones al ejercicio de libertades, y la represión tomó una deriva peligrosa que coloca al país a las puertas de un proceso similar a la Primavera Negra de 2003». En aquella ocasión fueron detenidos y condenados 75 opositores, que serían conocidos como el Grupo de los 75, que incluía además a médicos y a periodistas independientes. Entre los condenados se encontraban, entre otros, José Daniel Ferrer y su hermano Luis Enrique, así como el actual director del OCDH, Alejandro González Raga. Gracias a la mediación de la Unión Europea y del Vaticano fueron liberados aquellos que aceptaron abandonar el país, pero no los que se negaron a ello, como fue el caso de José Daniel Ferrer.
El informe anual señala que además de continuar con las prácticas ya habituales, como las detenciones arbitrarias, la represión del régimen ha ido más allá en 2020, «alcanzando a sectores sociales como el de la cultura, e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo; estos han sido sido víctimas del ensañamiento policial y de las terminales mediáticas del régimen», señala la ONG en un comunicado. Con ello hacen referencia al hostigamiento que han sufrido y siguen sufriendo los artistas del Movimiento San Isidro tras reclamar la liberación del rapero Denis Solís, detenido por un falso delito de desacato.
En señal de protesta, algunos miembros del MSI se pusieron en huelga de hambre, acto que fue desarticulado de manera intempestiva el 26 de noviembre por la noche con el allanamiento de la sede del MSI, con la excusa de cumplir los protocolos del Covid-19. El rechazo hacia ese acto empujó a cientos de artistas y simpatizantes a congregarse un día después ante el Ministerio de Cultura pidiendo que se respetaran los derechos fundamentales, de libertad de expresión y de opinión política. Así nació el grupo 27-N. Esta movilización espontánea, la mayor que se había producido en décadas, desencadenó una nueva ola represiva del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.
Según el informe, durante 2020 han tenido lugar al menos tres olas represivas: la del 30 de junio, en respuesta a las protestas contra el racismo y la violencia policial, tras la muerte de Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 26 años, que según denunciaron los familiares fue «disparado por la espalda»; la del 8 de septiembre, en respuesta a la «Revolución de los Girasoles»; y la ola represiva de noviembre-diciembre «contra el Movimiento San Isidro y otros grupos de la sociedad civil».
Durante el año pasado, los observadores y colaboradores del OCDH sobre el terreno documentaron un total de 1.798 detenciones arbitrarias. «En al menos 216 de las cuales se usó la violencia por parte de las autoridades», señala el informe. Mientras que se incrementaron hasta 1.647 las retenciones forzosas «de activistas en sus casas, sitiadas para impedirles la salida».
Mano dura en lugar de reformas
Para el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, el aumento de la represión en Cuba en el último año se debe a que «hay una sociedad civil más diversa y activa, que se va abriendo paso en medio de la ausencia de libertades. Son activistas, artistas, escritores y periodistas, en su mayoría nacidos en la revolución, pero que no creen en ella y quieren un cambio». También al fracaso del régimen cubano desde el punto de vista político, económico y social, el cual es más evidente cada día y está teniendo graves consecuencias socioeconómicas para la sociedad cubana, «cada vez más empobrecida, lo que incrementa los reclamos públicos. El Gobierno está enfrentado esta situación con mano dura y no con reformas y cambios reales», señala a ABC Cires.
En cuanto a si esa mano dura está relacionada con los cambios futuros en la isla, como el relevo de Raúl Castro, el próximo mes de abril, como primer secretario del Partido Comunista Cubano, el verdadero órgano de poder en el país, considera que actualmente el PCC es «prisionero de su inmovilismo político y de su campaña permanente contra la iniciativa económica privada, que ellos llaman “acumulación de riqueza”. Pero el costo en imagen lo ha pagado el presidente Miguel Diaz-Canel por seguir esa línea», añade.
Asimismo, opina que mientras el Gobierno cubano no comience los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita, su única respuesta ante fenómenos como el MSI será la represión. «Los jóvenes que se congregaron el 27 de noviembre del pasado año frente al Ministerio de Cultura en La Habana fueron claros en su apoyo al Movimiento San Isidro, criminalizado por la propaganda del régimen y con uno de sus integrantes presos, pero también reclamaron derechos civiles como el respeto a la discrepancia política. Como ese hay otros sectores que están presentando sus exigencias, incluso en el ámbito laboral, como los trabajadores portuarios».
Revertir las políticas de EE.UU.
A la pregunta de si una nueva Primavera Negra no le pondría más difícil al régimen acercarse de nuevo a EE.UU y que el Gobierno de Joe Biden volviera a revertir las medidas impuestas por Trump, como ha prometido en campaña, Cires cree que dependerá del grado de «compromiso con la defensa internacional de los derechos humanos de sus interlocutores en la nueva administración norteamericana», así como de la estrategia hacia Cuba que éstos tengan pensado implementar.
«Sin embargo, al régimen cubano le gusta negociar utilizando como moneda de cambio, por ejemplo, a los prisioneros políticos -señala Cires-. Ellos negocian fuerte y hasta ahora las democracias se lo han permitido, entre otras cosas, por el drama humano que significa la prisión política y lo satisfactorio de colaborar en la liberación de los encarcelados. ¿Pero hasta qué punto es razonable permitirle al régimen que siempre negocie soltando presos y no, también, derogando las leyes que les permiten meter a más cubanos en las cárceles por motivos políticos? Estados Unidos y la Unión Europea tienen que ser más exigentes y definir ellos el marco de cualquier proceso», demanda el director de estrategia del OCDH. «No obstante, por diversas razones, creo que la política de Biden hacia Cuba no será igual a la de Obama y que, obviamente, Cuba no estará entre sus prioridades internacionales. El Gobierno cubano debería dejar de esperar por el Gobierno de Estados Unidos y acercarse a los propios cubanos», concluye Cires.
Los efectos de la pandemia
Este miércoles Human Rights Watch (HRW) también presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el capítulo dedicado a Cuba, se hizo eco de algunas de las cifras documentadas por el OCDH y subrayó como el Gobierno cubano reprime y castiga «cualquier forma de disenso y crítica pública», algo que hace forma sistemática, utilizando contra sus críticos «tácticas como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar, detenciones por períodos breves, multas, acoso en línea, vigilancia y despidos de los puestos de trabajo».
El informe de HRW también recoge el impacto que ha tenido la pandemia en la isla en 2020, que hasta el pasado 21 de septiembre, acumulaba 6.305 casos de Covid-19 y 127 fallecimientos, según las cifras del Gobierno cubano. Las restricciones al turismo y a la movilidad en la isla provocaron la consiguiente «caída del turismo y de las remesas extranjeras, así como los fuertes cortes de suministro», lo que ha desembocado en una mayor presión sobre una economía que ya era frágil «y pusieron en riesgo los medios de vida de muchas personas y su acceso a medicamentos y alimentos», señala el documento.
Y destaca como el régimen ha utilizado la pandemia para reprimir a la oposición: «En algunos casos, el gobierno ha utilizado restricciones a la circulación relacionadas con el Covid-19 como pretexto para impedir protestas. En junio, las autoridades reprimieron una manifestación contra la violencia policial al acosar, amenazar con detener y detener efectivamente a decenas de personas».
