El gobernador de Nueva Andrew Cuomo anunció este lunes que extenderá la moratoria de desalojo de viviendas residenciales hasta mayo por Orden Ejecutiva, mediante un acuerdo con la Legislatura estatal.
Sur Florida / eldiariony
La medida que en concreto es una prohibición radical de desalojos aprobada por la Legislatura estatal provocó el inmediato rechazo de los grupos de propietarios que afirman que la norma perjudicará a los propietarios en dificultades, mientras que los defensores de los inquilinos advirtieron que es solo una solución temporal.
“Hemos estado trabajando con los legisladores en una ley que también extenderá la moratoria de desalojos. Queremos asegurarnos de que los propietarios de viviendas estén protegidos, de que eso no afecte su calificación crediticia. No hay ejecución hipotecaria”, agregó Cuomo, al tiempo de anticipar que firmará la ley de inmediato.
La Orden Ejecutiva (202.83) del gobernador permite a los gobiernos locales renovar automáticamente estas exenciones y, además, permitirá aumentos de exenciones si el propietario tiene derecho a una.
El Consejo Nacional de Agencias de Vivienda del Estado encargó un informe a principios de este año estimando que Nueva York podría enfrentar un déficit de alquiler de hasta $ 3.4 mil millones en enero.
“Queremos proteger a los inquilinos, queremos hacerlo simple. No queremos que las personas sean desalojadas, no queremos que tengan que ir a los tribunales para luchar contra el desalojo”, insistió el ejecutivo estatal
Cuomo impuso una moratoria sobre los desalojos de viviendas al principio de la pandemia de COVID-19 para evitar que los neoyorquinos tuvieran que sobrecargar los tribunales de vivienda, así como la falta de vivienda generalizada, ya que una serie de industrias se detuvieron en el interés de detener la propagación.
Reacciones encontradas
Ava Farkas, directora ejecutiva del Met Council on Housing, comentó que esta moratoria no es suficiente y debe extenderse al menos hasta finales de 2021, como mínimo, para garantizar que los inquilinos tengan tiempo para recuperarse.
“Esta legislación es un testimonio del poder de los inquilinos para organizarse y ganar, particularmente en las comunidades negras e hispanas afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Esperamos la firma inmediata del gobernador Cuomo en este proyecto de ley”, agregó Farkas.
Entre tanto, Jay Martin, director ejecutivo del Programa de Mejoramiento de Vivienda Comunitaria, un grupo de propietarios, calificó la medida como una “táctica de estancamiento”. “Ningún inquilino que enfrente dificultades financieras debe ser desalojado durante una pandemia, pero el costo de proporcionar una vivienda gratuita no puede ser asumido por los propietarios”.
Martin insistió que, si los inquilinos interpretan este proyecto de ley como una justificación para no pagar el alquiler, el daño a nuestra economía y los presupuestos locales será inmenso.
La “ley de moratoria más fuerte del país”
El proyecto de ley aprobado por la mayoría demócrata del Senado extiende la moratoria hasta el 1 de mayo, la actual suspensión expira el 1 de enero.
La Ley de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Desalojos de Emergencia COVID-19 (S.9114/ A.11181), es según los legisladores que la apoyaron, la “ley de moratoria de desalojo más fuerte de la nación”.
“El proyecto de ley aprobado por la mayoría del Senado ayudará a garantizar que los inquilinos, propietarios de viviendas y pequeños propietarios de Nueva York no tengan que temer ser expulsados de sus hogares si se han visto afectados por esta pandemia y crisis económica”, dijo la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins.
Esta legislación bloqueará los procedimientos de desalojo y ayudará a garantizar que los inquilinos y propietarios de Nueva York puedan quedarse en sus hogares si enfrentan dificultades debido a esta pandemia.
Cousins destacó al presidente del Comité de Vivienda del Senado, el senador Brian Kavanagh por su liderazgo en este tema, tanto a sus colegas de la mayoría del Senado por tomar esta acción histórica.
“Continuaremos liderando el estado de Nueva York durante esta crisis y brindaremos un alivio real para ayudar a los neoyorquinos necesitados”, dijo la líder demócrata.
El proyecto de ley aprobado permitirá que cualquier procedimiento de desalojo pendiente, o cualquier iniciado dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vigencia de esta legislación, se suspenderá durante al menos 60 días para dar a los inquilinos la oportunidad de presentar la declaración de dificultades.
“Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 hemos entendido que la seguridad de la vivienda debe ser una parte esencial de nuestro esfuerzo por proteger la salud y el bienestar de todos los neoyorquinos”, declaró de su parte el senador Kavanagh.
Alcances de la nueva ley
Prevención de desalojos: este proyecto de ley crea un Formulario de declaración de dificultades económicas estandarizado, que los inquilinos pueden presentar a su arrendador o tribunal para prevenir o detener un desalojo si tienen una dificultad financiera relacionada con, o durante el COVID-19, que les impide poder pagar su alquilar en su totalidad o mudarse; o si alguien en el hogar tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID.
El formulario permite a los inquilinos declarar dificultades económicas si han perdido ingresos; han aumentado los gastos de salud, cuidado infantil u otros gastos de cuidado familiar; no ha podido obtener un empleo significativo debido a circunstancias relacionadas con COVID-19; o no puede pagar los gastos de mudanza.
Una vez que el inquilino ha firmado este formulario, puede devolvérselo a su arrendador oa un tribunal para evitar que el arrendador presente un desalojo o suspenda un procedimiento de desalojo ya en curso hasta el 1 de mayo de 2021, además de otras protecciones.Protección contra ejecuciones hipotecarias: La ley proporciona protecciones contra ejecuciones hipotecarias y ventas de gravámenes fiscales a cualquier propietario residencial que posea diez o menos unidades de vivienda, incluida su propia residencia principal.
Los propietarios podrán acceder a la protección por ejecución hipotecaria y venta de gravámenes fiscales mediante la presentación de un formulario de declaración de dificultades económicas estandarizado con su prestamista hipotecario, asesor local o ante un tribunal, similar al creado por la propuesta de protección contra el desalojo.
Los propietarios con más de diez unidades en total están excluidos de estas protecciones.
Prohibir los informes crediticios negativos y la discriminación en la concesión de crédito: este proyecto de ley protege al propietario de la discriminación crediticia si el propietario se ha retrasado en los pagos de la hipoteca de la propiedad en la que reside o porque ha recibido una suspensión de la ejecución hipotecaria, ejecución hipotecaria fiscal o gravamen fiscal sobre las ventas de la propiedad.
Los propietarios de viviendas utilizarán la misma Declaración de dificultades económicas para evitar la discriminación crediticia en función de los atrasos de sus hipotecas sobre la propiedad en la que reside dicho propietario.
La legislación limita estas nuevas protecciones solo a residencias de una sola casa, cooperativas, residencias primarias multifamiliares ocupadas por el propietario con una a nueve unidades de alquiler.
