El presidente Donald Trump cumplió este miércoles su amenaza y vetó una enorme legislación con el presupuesto para defensa de unos $740,000 millones, que había sido aprobada con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.
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El veto, que planea ser anulado por los legisladores, se da luego de que el mandatario también amenazó en la víspera con no firmar un amplio proyecto de presupuesto con nuevas ayuda económicas en medio de la pandemia del coronavirus.
Los representantes y senadores tienen hasta el 3 de enero para anular este veto y lograr que el proyecto se convierta en ley. Si eso no ocurre sería la primera vez en unas seis décadas que una medida de ese tipo fracasa.
Hasta ahora, la Cámara de Representantes tiene previsto votar al respecto el 28 de diciembre, dijo la líder demócrata Nancy Pelosi.
Trump rechazó la ley anual de autorización para la defensa nacional, conocida en inglés como el National Defense Authorization Act, con el argumento de que “falla en incluir medidas críticas de seguridad nacional, incluye provisiones que no respetan a los veteranos (…) y contradice los esfuerzos de mi administración para anteponer a Estados Unidos en las acciones de las políticas de seguridad nacional y foráneas”.
Una exigencia de Trump: eliminar la ley conocida como Sección 230
Con su veto, el mandatario se enfrenta, además, con su bancada republicana en el Senado. Esta legislación es una pieza que suele contar con el apoyo bipartidista suficiente, por lo que su aprobación se da siempre por descontada. Pocos políticos quieren lucir como que ponen en peligro la seguridad y defensa nacional oponiéndose a la aprobación de fondos para el sector militar.
Pero, esta vez, Trump introdujo una exigencia en el asunto: que se ponga fin a la ley conocida como la Sección 230, que exime a las empresas tecnológicas de responsabilidad por el contenido que los usuarios publican en sus plataformas y por la decisión o no de mantenerlos.
Trump vincula esta Sección 230 y la defensa nacional al asegurar, sin dar mayores explicación, que la vieja norma es “una seria amenaza para la seguridad nacional y la integridad electoral”. Sin embargo, su queja cotidiana sobre esta normativa es que permite a las tecnológicas “discriminar a los conservadores” sin ninguna consecuencia.
