Roberto Guillermo Bravo es a primera vista un exitoso inmigrante estadounidense.
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Nacido y criado en Argentina, se graduó de la Academia Naval de ese país y fue teniente antes de venir a Estados Unidos para trabajar como agregado militar en la embajada argentina. Después de retirarse de la vida militar, Bravo se mudó con su familia a Miami, se naturalizó estadounidense y comenzó su propio negocio.
Pero a los 78 años, una supuesta atrocidad en su pasado ha vuelto a perseguirlo, por segunda vez.
Bravo, quien vive en una casa frente al mar con piscina y yate en North Miami, es buscado por su país natal en una petición de extradición que lo acusa de varios asesinatos en una prisión militar hace casi 50 años. La petición, presentada el año pasado, se ha dilatado debido a la pandemia del COVID-19, pero probablemente la decida un juez federal en Miami el próximo año.
Hace una década, Bravo sobrevivió a una denuncia de extradición similar cuando otro juez federal de Miami falló a su favor, pero esta vez las autoridades argentinas y los fiscales federales dicen que el caso es más fuerte porque se basa en pruebas de un juicio argentino de 2012 en que tres de los compañeros oficiales de Bravo fueron declarados culpables del asesinato de presos que datan de agosto de 1972.
En Argentina Bravo enfrenta cargos de participar en la muerte a tiros de 16 prisioneros desarmados y de herir a otros tres reclusos que eran miembros de un grupo de izquierda que se oponía al presidente respaldado por el ejército del país.
Los familiares de las víctimas, ultimadas en lo que describen como la “masacre” de la prisión también han demandado a Bravo en el tribunal federal de Miami porque es ciudadano estadounidense que vive aquí. Alegan que cuando era un oficial de 30 años en la prisión naval de Trelew, cometió los asesinatos “extrajudiciales” y violaciones de los derechos humanos, según la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, de Estados Unidos .
Bravo, quien fue arrestado en su casa de Sans Souci Estates por alguaciles federales en octubre del año pasado, es un hombre libre por ahora porque se le permitió depositar un bono de garantía personal de $4 millones firmada por nueve familiares y amigos y una fianza adicional de $1 millón con el depósito de $100,000. Eso fue autorizado por el juez magistrado Edwin Torres, quien rechazó el argumento de la fiscalía para mantenerlo detenido.
Un abogado que representa a familiares de las víctimas dijo que apoyan la solicitud de extradición para el juicio penal de Bravo por cargos de homicidio con agravantes en Argentina. Pero el abogado dijo que también quieren ver “alguna responsabilidad y medida de justicia” en su caso civil federal, especialmente porque se ha permitido a Bravo vivir con impunidad en el “puerto seguro” de Estados Unidos durante decenios.
“Ha vivido una vida cómoda y exitosa durante casi 50 años después de cometer estos crímenes”, dijo Claret Vargas, abogado de la organización sin fines de lucro de San Francisco, Centro para la Justicia y la Responsabilidad, que presentó la demanda en nombre de las víctimas de los asesinatos en prisión militar. “Esperamos que sea extraditado, eso es lo que todas las familias quieren”.
El abogado defensor de Bravo, Neal Sonnett, lo describió como “un hombre de negocios honesto y contribuyente con un historial sin mancha”.
Sonnett le dijo al Miami Herald que la solicitud de extradición de Argentina y la demanda civil de las víctimas deben ser rechazadas, calificando las acusaciones “falsas” porque los asesinatos en prisiones militares ocurrieron como resultado de un levantamiento de presos por parte de “terroristas”. También describió la segunda petición de extradición de Argentina como una “caricatura judicial” porque ya se solucionó por parte de un juez federal de Miami a favor de Bravo.
“La demanda contra Roberto Bravo es legalmente equivocada, falsa y moralmente en bancarrota”, dijo Sonnett. “Los hechos de la queja ocurrieron hace casi 50 años y un intento de 2010 por parte de Argentina de extraditar al Sr. Bravo fue negado por un juez federal, quien determinó que el Sr. Bravo había sido absuelto en Argentina de cualquier irregularidad y que los cargos presentados en Argentina más de 30 años después fueron “delitos políticos” prohibidos por nuestro tratado de extradición”.
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