Por si no fueran poco la pérdida de vidas humanas y la grave crisis económica que se avecina por el coronavirus, España vive estos días un espeluznante desfile de desencuentros políticos y acusaciones de corrupción que tiene a la agrupación política Podemos (UP) en la mirilla por una probable malversación de fondos, al Partido Popular (PP) por el presunto uso de fondos públicos para una operación ilegal y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por el presumible cobro de comisiones de la empresa proveedora de servicios medioambientales Fitonovo, a cambio de contratos en varias regiones de la nación, entre otros también sonados casos que están pendientes.
Sur Florida/Diario Las Américas
Tal como sucede en prácticamente todos los países, las desavenencias entre políticos y las irregularidades de partidos no son asuntos nuevos en la nación europea. Tampoco lo es su agitada historia con rosario y retahíla de sucesiones. Pero dadas las virtudes y las exigencias de la democracia, es a partir del comienzo de ésta, en 1976, que las investigaciones no paran de suceder.
Fitonovo
De los tres casos antes mencionados, Fitonovo data de 2013, cuando el PSOE no ocupaba la presidencia del Gobierno español, pero administraba una buena parte de municipios, provincias y regiones del país.
Conocida en la prensa por Operación Madeja, la investigación continúa luchando contra las trabas de un lado y el otro del poder, aunque ya arrojó que el exdirector de obras públicas de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño recibió más 400.000 euros (unos 548.000 dólares al cambio entonces) para facilitar contratos.
Caja B
El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, abrió la caja de Pandora, tras ser despedido por la agrupación política, sobre la probable existencia de una cuenta de fondos adicionales, desde donde el partido dirigido por el actual vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, financió e hizo negocios con firmas en el exterior, además de pagar altos sueldos y otros asuntos cuestionables.
Entre esos negocios destaca el empleo de Neurona Consulting, la agencia de publicidad que contrató Podemos para su campaña de las generales de abril de 2019, que aparentemente es controlada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), con sede en Ecuador, donde Iglesias fue asesor, y se presume que ha sido financiada en parte por los gobiernos de Nicolás Maduro, Evo Morales y Rafael Correa.
A esto sumamos la investigación pendiente sobre el caso de la memoria del teléfono celular de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, cuya tarjeta SIM fue encontrada en los archivos de la computadora del excomisario José Manuel Villarejo, quien ya afronta serias acusaciones de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales y está encarcelado desde noviembre de 2017.
Acorde al informe preliminar, en la tarjeta fueron encontrados cinco documentos estratégicos de Podemos y un chat privado en el que Iglesias hace un comentario ofensivo sobre una presentadora de televisión, además de ‘fotos comprometedoras, íntimas de Dina, con alguien cuyo nombre se desconoce’.
Caso Kitchen
En este escándalo el excomisario Villarejo, quien fue el número dos de la Policía nacional, es también figura clave.
Aquí se investiga qué sucedió durante una supuesta operación del Ministerio del Interior en 2013, cuando el PP gobernaba y Mariano Rajoy era el presidente.
Según los informes divulgados, la Policía empleó al antiguo chófer del extesorero del partido Luis Bárcenas, mientras este guardaba prisión por otro asunto de corrupción, para obtener su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre financiación irregular de campañas y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
Conclusiones
Si añadimos otros asuntos recientes, el panorama se torna más gris: el Caso Malaya, que arrojó más de 50 personas condenadas por corrupción urbanística y blanqueo de capitales, así como la interminable investigación del Caso 3%, que apunta al cobro de comisiones ilegales por obras públicas adjudicadas por el gobierno de Cataluña, en el que estaría implicado el expresidente catalán Jordi Pujol.
En cualquier caso, los asuntos aquí planteados tienen múltiples tonalidades e implicaciones, que podrían traer grandes sorpresas para bien y para mal.
“No creo que España tenga un problema de corrupción sistémica, si tenemos en cuenta las encuestas hechas a ciudadanos directamente, en las que se les pregunta si han tenido que pagar un soborno para obtener algo”, argumentó el profesor de Derecho de la Universidad de Lleida, la más antigua de Cataluña, Ferran Espaser.
Sin embargo, el profesor reconoce que existe un serio problema de corrupción política, “sobre todo a nivel local de Gobierno”, o sea municipios, etc.
“Tal vez sean los sucesos de siempre, que antes no conocíamos, o los nuevos personajes que hoy salen a la luz”, subrayó.
