El exdirector de Pemex Emilio Lozoya dio este martes un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su gobierno.
Sur Florida/ABC
Como ya se especulaba, Lozoya, extraditado a México en julio tras ser detenido en España, apuntó bien alto al denunciar a Peña Nieto tras cerrar un pacto con la Fiscalía General de México para recibir beneficios durante su proceso judicial.
De hecho, fue el mismo fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien en un mensaje a los medios informó este martes de la denuncia que Lozoya presentó contra Peña Nieto y el exministro de Hacienda Luis Videgaray por el uso de sobornos de la constructora brasileña.
Es ahora el Ministerio Público el que debe decidir si llama a declarar a Peña Nieto, sobre el que siempre han planeado sospechas de corrupción pero quien ha salido indemne hasta la fecha.
Compra de votos
Lozoya, imputado por haber recibido 10,5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto de 2012 y su posterior gobierno, sostiene que el expresidente y su mano derecha fueron los que decidieron cómo usar el dinero recibido de los sobornos.
Denunció que ambos le ordenaron invertir 100 millones de pesos (4,4 millones de dólares) de dicha trama para contratar asesores internacionales durante la campaña electoral.
Posteriormente, cuando Peña Nieto ya era presidente, Videgaray era secretario (ministro) de Hacienda y Lozoya dirigía la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), se destinaron esos sobornos a comprar voluntades en el Congreso.
Según denunció Lozoya, Peña Nieto y Videgaray le mandaron usar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) para lograr el voto de cinco senadores y un diputado en favor de la reforma energética que liberalizó el mercado mexicano en 2013.
El exresponsable de Pemex ya entregó a la Fiscalía testigos, recibos y un vídeo que demostrarían su versión de los hechos y que serán estudiados por esa entidad para decidir si llama a declarar a los señalados.
«Es muy pobre la información dada a conocer, hay que ser cautelosos y pensar que es el principio de algo más importante», dijo a Efe Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y es que, según Navarro, lo sucedido durante la campaña de 2012 ya habría prescrito y la entrega de sobornos para la reforma energética es un «delito menor» comparado con las sospechas de enriquecimiento ilícito que siempre han sobrevolado la figura de Peña Nieto.
El «testigo colaborador»
Desde que llegó a México el 17 de julio pasado, con la expectativa de revelar los entramados de corrupción del gobierno anterior, Lozoya ha recibido un trato muy amable de la Fiscalía a cambio de colaboración.
El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2018 no ha pisado en ningún momento la cárcel, puesto que compareció ante el juez desde un hospital privado en el que fue internado con anemia y, tras recuperarse, la Fiscalía rechazó pedir prisión preventiva.
Así pues, Lozoya, de quien tampoco ha trascendido ninguna imagen desde su llegada al país, afrontará en libertad los dos procesos judiciales que pesan sobre él: la trama de sobornos de Odebrecht y la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, definió a Lozoya como «un testigo colaborador» y apoyó que reciba «ciertas consideraciones» a cambio de «conocer más» sobre la corrupción en la anterior administración.
El objetivo del exdirector de Pemex es lograr que se le conceda el llamado «criterio de oportunidad», por el cual la Fiscalía levantaría su acusación contra Lozoya e iniciaría una contra Peña Nieto y Videgaray.
Sin embargo, Navarro no lo vería procedente, dado que lo denunciado este martes tiene una «lesividad menor» a los delitos que se imputan a Lozoya de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
Una presidencia embarrada
La presidencia de Peña Nieto, con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió al poder tras 12 años en la oposición, estuvo marcada por un constante goteo de escándalos de corrupción de los que hasta ahora el mandatario ha salido indemne.
Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría (ministerio) de Hacienda, Santiago Nieto, dijo a Efe que «la corrupción era sistemática» en el Gobierno de Peña Nieto.
En 2014 estalló el escándalo de la casa blanca, un supuesto conflicto de interés en la compra de una lujosa vivienda por parte del presidente y su esposa, Angélica Rivera.
La que fuera secretaria (ministra) de Desarrollo Social Rosario Robles lleva un año en prisión preventiva a la espera de juicio por permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma.
Además, exgobernadores como el de Chihuahua César Duarte, el de Veracruz Javier Duarte o el de Quintana Roo Roberto Borge, que representaban el «nuevo PRI» de Peña Nieto, están en la cárcel.
