Los extranjeros sin papeles están pagando los platos rotos de las fallas en la política de seguridad que permitieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001: desde entonces se ha registrado un pronunciado incremento de detenciones y deportaciones de inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente.
Activistas aseguran que desde que se incrementaron las medidas de seguridad hace una década, aumentó paralelamente la discriminación hacia personas cuyo aspecto físico no coincide con la imagen estereotípica del estadounidense caucásico.
Las expectativas de que se aprobase una reforma migratoria que permitiese regularizar la situación de 12 millones de inmigrantes sin papeles habían crecido gracias al apoyo del entonces presidente George W. Bush a esa iniciativa.
Pero un proyecto de ley presentado en 2006 por el republicano John McCain y el demócrata Edward Kennedy, que buscaba una reforma integral e incluía un programa temporal de trabajadores invitados y la posibilidad de legalización para los inmigrantes sin autorización legal, nunca fue sometido a votación. Se hundió sin pena ni gloria en el Senado.
Bush no logró promover una reforma migratoria en 2007 ante las críticas de que equivalía a una amnistía para los inmigrantes que se cruzaron la frontera sin permiso o que extendieron el tiempo permitido en sus visas.
Sí se aprobaron, en cambio, la creación un muro de casi 1.000 kilómetros a lo largo de los 3.200 kilómetros de extensión en la frontera con México y numerosas iniciativas para reforzar el control de las fronteras.
Después de los ataques terroristas, se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que generó una mayor participación de policías locales en la aplicación de leyes migratorias a través de programas como el 287(g) y Comunidades Seguras.
La primera se encontraban prevista en el artículo 287(g) de la Ley de Ciudadanía e Inmigración de 1996 que sólo comenzó a aplicarse después del 2001, y permite a los policías locales indagar el estatus migratorio de los detenidos en las cárceles por cualquier delito o contravención para gestionar su deportación. Una de las más comunes es el arresto de inmigrantes por conducir sin licencia de conducción.
Comunidades Seguras autoriza a los policías municipales a procesar las huellas dactilares de los detenidos en varias bases de datos federales para determinar si la persona se encuentra ilegalmente en el país. Activistas del Foro Nacional de Inmigración, organización sombrilla con sede en Washington, han dicho que este programa carece de una base legal y que violaría la presunción de inocencia.
La creación del DHS también propició la consolidación de las bases de datos actualizadas por autoridades migratorias con las de seguridad nacional. Eso estuvo acompañado con un incremento en los requisitos para conceder un visado estadounidense, incluido el de la información biométrica.
A nivel estatal, por otro lado, hubo fuertes reacciones y Arizona, Georgia, Alabama, Carolina del Sur y Utah aprobaron leyes diseñadas para criminalizar la presencia de extranjeros sin papeles. Estas iniciativas, acompañadas por redadas en sitios de trabajo, como la ocurrida en Potsville (Iowa) en 2008, donde se usaron helicópteros, armas de largo alcance, perros, y se detuvieron a unos 400 inmigrantes, generaron un ambiente de pánico entre muchos trabajadores.
En un reporte reciente que elaboró para el Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés), un centro de investigación sobre temas migratorios con sede en Washington, Marc Rosenblum argumentó que el debate migratorio comenzó a enmarcarse casi completamente en el ámbito de la seguridad nacional y de la aplicación de leyes migratorias que estaban siendo ignoradas, en parte porque los secuestradores de los aviones en 2001 ingresaron a Estados Unidos con visas.
“El sistema migratorio que tenemos hoy, marcado por un énfasis intenso en seguridad nacional y control fronterizo, es una consecuencia definitiva del 11 de septiembre de 2001”, dijo Muzaffar Chishti, coautor del informe. “La maquinaria migratoria resultante, concebida para ayudar a controlar las fronteras nacionales, ahora también está dirigida de manera más general a la inmigración ilegal y a la población no autorizada” a residir en Estados Unidos.
El presupuesto que la nación destina a la seguridad nacional aumentó 184%, de los 19.500 millones de dólares adjudicados en 2002 a los 55.300 millones de dólares en 2010, según el análisis de MPI.
Ese incremento exponencial de dinero permitió aumentar el personal y equipo destinado a la vigilancia de la frontera con México -incluyendo la duplicación en una década del personal de la Patrulla Fronteriza (PF) hasta superar 20.000 agentes en 2010- lo que ha provocado un descenso en las detenciones de indocumentados a lo largo de la frontera de las 1,6 millones realizadas en 2000, hasta las cerca de 400.000 en 2010.
Paralelamente, a la merma en la cantidad de extranjeros que intentan ingresar al país ilegalmente hubo un aumento en la cifra de deportados, que en el 2010 alcanzó un nivel sin precedente de 392.000 personas, comparado con las 350.000 de 2009 y las 174.000 de 2004, según cifras de DHS.
También aumentó la cantidad de personas que fallecieron mientras intentaban ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, en su mayoría debido al calor extremo. En 005 se registró la máxima histórica, con 492 decesos. En 2009 hubo 423, según la oficina de protección fronteriza y aduanera (CBP por sus siglas en inglés).
Estos incrementos obedecen, en buena medida, al hecho de que, al reforzarse la vigilancia en los puntos de cruce más populares, la gente intenta ingresar al país por lugares más remotos y arriesgados para evitar cruzarse con agentes de la PF.
Las muertes ocurren no solo debido al calor intenso en el desierto de Arizona, sino también a manos de bandidos y traficantes, especialmente hostiles desde que los carteles del narcotráfico han incrementado su participación en el tráfico de personas, tal como ocurrió con la masacre de 72 inmigrantes ocurrida en agosto del 2010 en Tamaulipas, cerca de la frontera con México, y que se atribuyó al cartel de las drogas de los Zetas.
Elena Lacayo, coordinadora de inmigración del Consejo Nacional de la Raza, (NCLR por sus siglas en inglés), explicó a AP que cuando la gente se dio cuenta después del 11 de septiembre que el gobierno federal no podía prevenir ataques terroristas de esa magnitud, el miedo al terrorismo se volvió miedo a los inmigrantes, y el miedo a los inmigrantes se volvió miedo a los latinos.
“Aunque son cosas completamente separadas, así ha sido la evolución del pensamiento, y por eso ha habido tanta categorización racial aunque no tiene nada que ver con los eventos del 9/11”, dijo. “El enfoque en la seguridad ha significado más discriminación contra latinos que son percibidos como inmigrantes, incluso cuando se trata de ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización”.
Lacayo explicó que esa tendencia cobró cuerpo con la participación de organismos locales en la aplicación de leyes migratorias a través de iniciativas como el 287(g) y Comunidades Seguras.
“El aumento en la discriminación tal vez no es consecuencia directa del 11 de septiembre, pero sí (es consecuencia) de los programas que generaron el 9/11”, precisó Lacayo.
Bárbara González, vocera del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo a AP que ese organismo vela por el respeto de los derechos civiles, y aseguró que iniciativas como Comunidades Seguras, muy cuestionadas por los organismos defensores de los derechos de los inmigrantes sin autorización legal, reducen las oportunidades de discriminación racial porque estipulan que se le tomen las huellas dactilares a todas las personas detenidas.
“ICE toma muy en serio las acusaciones de categorización racial y otras quejas relacionadas a derechos y libertades civiles”, dijo González en un correo electrónico.
La enorme cantidad de deportaciones y el estancamiento de una reforma migratoria prometida por Barack Obama durante su campaña electoral le han generado fuertes críticas de la comunidad hispana, quien busca la reelección en 2012.
Los medios de comunicación en español dieron extensa cobertura al drama de familias separadas por el sustancial incremento en las deportaciones.
El gobierno federal anunció, a mediados de agosto, que deportará únicamente a las personas con antecedentes delictivos o que constituyan una amenaza para la sociedad y se dará a las demás la posibilidad de permanecer en el país y solicitar permisos de trabajo.
Silky Shah, directora de Detention Watch Network, organización que sigue de cerca el tema de las detenciones de indocumentados, señaló a AP que 287(g) y Comunidades Seguras han generado la necesidad de incrementar de 16.000 en 1998 a 34.000, en la actualidad, la capacidad de los centros de detención para indocumentados.
“Los abusos son desenfrenados”, dijo Shah, quien mencionó como los abusos más comunes las agresiones sexuales y una atención médica insuficiente. “ICE no tiene parámetros de detención, nadie está obligado a cumplirlos, así que no hay sanciones”.
Shah indicó que 121 extranjeros han muerto desde 2003 mientras permanecían bajo la custodia de ICE, y expresó su esperanza de que en un futuro no muy lejano se elimine la detención obligatoria de personas inmersas en procesos migratorios, especialmente si las detenciones cuestan al fisco 5 millones de dólares diarios.
Una página web de ICE enumera 122 decesos desde octubre del 2003 a la fecha en centros de detención manejados por la autoridad migratoria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en marzo un informe en el que se expresó “profundamente preocupada” por el uso excesivo del aislamiento no solo como instrumento disciplanario, sino para proteger a inmigrantes vulnerables como homosexuales, minorías religiosas y discapacitados mentales.
La CIDH “tomó conocimiento de que los inmigrantes detenidos en aislamiento son liberados de sus celdas solamente por una hora diaria para hacer ejercicios. De otra manera, no tienen contacto significativo con otros seres humanos”, agregó el informe.
González, la vocera de ICE, dijo a AP que ese organismo ha reformulado de manera fundamental su sistema de detención para “dar prioridad a la salud, seguridad y uniformidad en nuestras instalaciones”.
ICE está comprometido a garantizar la salud de los detenidos, a quienes evalúa individualmente a su llegada y brinda atención inmediata a quienes presenten peligro, tengan enfermedades contagiosas, desórdenes mentales, agregó González.
