El fiscal general, William Barr, determinó que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar a la solicitud de asilo como un “grupo social particular”, poniendo así un nuevo obstáculo al sistema de asilo.
Al pronunciarse sobre el denominado “Asunto de L-E-A”, referido a una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración a favor de un ciudadano mexicano que solicitó asilo después de que su padre recibiera amenazas de parte de un cártel de drogas, Barr decidió anular el fallo.
Según el fiscal general, la Junta “reconoció indebidamente a la familia inmediata del padre del demandado como un ‘grupo social particular’ a los efectos de calificar para el asilo”.
Pero en su decisión, el fiscal argumentó que “la mayoría de las familias nucleares no son inherentemente distintas socialmente y, por lo tanto, no califican como ‘grupos sociales particulares’“.
“El hecho de que un grupo criminal, como un cártel de drogas, una banda o una fuerza guerrilla, intimiden a un grupo de personas no, por sí mismo, convierte a esas personas en un grupo social particular”, agregó.
El documento del fiscal general se conoció después de que el pasado 24 de julio un juez federal en California bloqueara temporalmente las restricciones al asilo aprobadas una semana antes por el presidente de EEUU, Donald Trump, que buscaban dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.
El fallo de este magistrado, Jon S. Tigar, con tribunal en San Francisco (EEUU), reemplazó una decisión judicial anterior, de ese mismo día, que dejaba en pie la medida de Trump, en una efímera victoria para el mandatario.
La medida promovida por Trump restringía la posibilidad de pedir asilo en EEUU a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde debían dirigir a partir de ahora sus solicitudes.
Como la mayoría de solicitantes de asilo son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan precisamente por Guatemala y por México. Finalmente, la Administración Trump anunció el pasado viernes que firmó un acuerdo con Guatemala que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.
