Como una manera de enfrentar las redadas de Trump, activistas y organizaciones a lo largo y ancho del país reiteran a la comunidad inmigrante la urgencia de conocer sus derechos y saber exactamente qué hacer y qué no durante una redada de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas.
María, cuyo nombre es otro y pidió ocultar su verdadera identidad, es una inmigrante centroamericana que vive en Miami, Florida, y es madre de cinco hijos, cuatro de ellos ciudadanos estadounidenses.
“Ayer se llevaron a mi esposo junto con varias otras personas”, cuenta por teléfono. De fondo, se escucha el llanto de un niño que le pide los brazos. “Él estaba en un estacionamiento donde se pide trabajo con varias gentes cuando llegaron los policías de la migra. Él me contó por teléfono que se llevaron a muchos, que estaba preso y que lo iban a deportar”, agrega.
El estacionamiento se ubica en las afueras de un Home Depot en Florida City, al sur de Miami. Cada día decenas de inmigrantes indocumentados se instalan en el lugar en busca de un empleo por el día, una oportunidad de ganar unos cuántos dólares.
“Él tenía una orden de deportación. Pero eso fue hace más de dos años. No sé por qué hasta ahora se lo llevaron. Pero ya hablamos con unos activistas y dicen que van a ver qué pueden hacer para que salga y vuelva a casa”, añade María.
Mientras aguarda noticias sobre la suerte de su esposo, la inmigrante permanece encerrada en su casa. “Aquí estoy con mis cinco hijos, el menor de dos años y la mayor de 18. Da miedo salir, pues estamos peligrando. Ahorita no he salido y no tengo pensado hacerlo. Están diciendo en la calle a la gente que no salgan porque los van a agarrar para llevárselos a su país”, comenta en voz baja, para que nadie más escuche sus temores.
Independientemente de la magnitud de estos operativos, ya está generando el efecto que probablemente estaba entre los objetivos del gobierno de Trump, en el marco de su política de ‘tolerancia cero’ frente a la inmigración ilegal: causar de alguna manera miedo colectivo y desalentar a futuros migrantes de intentar venir al país, incluso si lo hacen huyendo de la violencia.
Las redadas de Trump
El esposo de María fue uno de los miles de inmigrantes indocumentados con orden de deportación que el presidente Donald Trump ordenó en junio ubicar, arrestar y deportar. La orden fue suspendida por dos semanas mientras el Congreso debatía cambios a la ley de asilo requeridos por el presidente.
Pero como no hubo debate, la orden se activó la noche del jueves y el viernes, tres semanas después de la amenaza del presidente, los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) salieron a las calles a ejecutarla.
“Como siempre, ICE prioriza el arresto y la deportación de extranjeros presentes ilegalmente que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, dijo Matthew Bourke, vocero de ICE.
La agencia ha dicho que tiene en sus manos poco más de un millón de órdenes de deportación. El diario The New York Times reportó la semana pasada que el blanco en estos operativos dispuestos por el presidente son unos 2,000 extranjeros con antecedentes criminales.
Para el gobierno de Trump, incluso la estadía indocumentada constituye un acto criminal. El 25 de enero de 2017, apenas cinco días después de llegar a la Casa Blanca, el mandatario decretó que la presencia sin papeles es una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
