El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunciará este miércoles el retiro oficial de Colombia del Pacto de Bogotá, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que fijó límites marítimos con Nicaragua.
Este tratado, suscrito el 30 de abril de 1948, pretende que las naciones que lo legitiman, resuelvan sus conflictos a través de medios pacíficos, y reconozcan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Solamente 15 países ratifican este tratado, de 21 naciones que lo firmaron. Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Estados Unidos y Nicaragua han presentado reservas, con las que se protegen de asuntos que no son convenientes para cada país.
El Salvador es el único país que ha denunciado el tratado. En diálogo con elcolombiano.com, Ricardo Abello Galvis, docente de la Universidad del Rosario de Bogotá, explicó que si Colombia renuncia al Pacto de Bogotá, no modificará la decisión de la CIJ con relación a las nuevas fronteras marítimas con Nicaragua y que cedió gran parte de los mares de la Patria al país centroamericano.
“El Gobierno debió tomar esta determinación en 2000, para evitar las consecuencias de la demanda. El Pacto establece que cuando un Estado renuncia, los efectos de la decisión cesarán en un plazo de un año. Por eso, si Colombia renuncia hoy, el tratado dejará de tener efectos dentro de un año”, afirmó el catedrático.
Así mismo, Abello Galvis aseguró que si el Gobierno Nacional renuncia al tratado, podría evitar que Nicaragua demande a Colombia para exigirle millas de la plataforma continental.
Raúl Molina, abogado y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, coincidió que “el Gobierno tomaría tarde esta decisión”, pues la renuncia al Pacto de Bogotá no cambiará la determinación de la Corte. “A los líderes de nuestro país les falta tomar decisiones. Por querer ser diplomáticos y pensar únicamente en los acuerdos internacionales, olvidaron la soberanía del país y el bienestar de la gente“, explicó Molina.
Para el abogado, si Colombia se retira del tratado, otras naciones vecinas podrían demandarla, exigiendo soberanía sobre algunos territorios. Además, la determinación conllevaría serias implicaciones de carácter diplomático. Molina también aseguró que Colombia “pudo evitar esta situación” con el uso de las reservas internacionales para excluir apartes del tratado.
Estas excepciones permiten que el país negocie asuntos que no son convenientes para él. “Colombia debe acatar la decisión de la Corte. No debe luchar por la soberanía del territorio a través de la fuerza. Si Nicaragua responde con fuerza, sería una defensa legítima. Si Colombia hace lo mismo, se convertiría en un acto de agresión contra otra Estado, un hecho ilícito internacional”, sentenció Molina.
