El ex obispo católico Fernando Lugo, que el viernes fue destituido como presidente de Paraguay, tenía ambiciosos planes para transformar el país, pero chocó con la poderosa y añeja máquina estructural de los partidos tradicionales y se quedó por el camino.
Cuando ganó las elecciones de abril del 2008, se plantó en el escenario político de su país al frente de la ya desaparecida Alianza Patriótica para el Cambio (APC) y definió ejes emblemáticos para su gestión de cinco años, con prioridad para “la reactivación económica, con generación de empleo y un amplio bienestar”.
En segundo lugar, y “como una necesidad histórica”, definió la reforma agraria para intentar regularizar el eterno problema de la propiedad de la tierra, que es un caos por la distribución arbitraria de gobiernos anteriores y la apropiación indebida por parte de grandes latifundistas, nacionales y extranjeros.
La administración de Lugo también se propuso hincarle el diente a la corrupción para borrar la imagen interna e internacional del país que tiene a Paraguay como una de las naciones más corruptas del planeta. Para ello era necesario la reorganización institucional.
El ex obispo católico quiso, pero no pudo, “instaurar una Justicia independiente” como se lo propuso al electorado en la campaña electoral. No hubo forma de acordar la salida de los miembros de la Corte Suprema que vienen de administraciones anteriores.
El presidente destituido era consciente de la “difícil y complicada herencia” que recibió, en todos los terrenos, pero se tenía confianza.
Un desarrollo social que pretenda dar respuestas a necesidades y reivindicaciones históricas de la sociedad “precisa de consensos y acuerdos, en base a objetivos concretos y metas bien definidas”, repetía incesantemente.
Esa actitud conciliadora, en lugar de facilitar, dificultó toda su labor de gobierno. Quedó en evidencia que es muy difícil conciliar los intereses de empresarios, campesinos, indígenas y trabajadores. Y además, lidiar con el Ejército del Pueblo paraguayo (EPP) un incipiente movimiento guerrillero que opera en el país.
“Somos conscientes de que las necesidades y demandas sociales superan la capacidad de respuesta del Estado en términos financieros, humanos e institucionales” reconoció el ex mandatario, en algún momento de su gestión.
No obstante, la saliente administración mostró con orgullo, hasta último momento, algunos de sus logros. Disminuyó la pobreza de 37,9 a 35,1 por ciento de la población, de unos 6 millones de habitantes. La pobreza extrema bajó de 19 a 18,8 por ciento y unas 50.000 personas fueron incorporadas al mercado laboral, en el 2011.
La administración de Lugo dispuso la gratuidad universal para el acceso a los servicios de salud; entregó 7.679 soluciones habitacionales en el último año, y por primera vez se puso en marcha en el país un programa habitacional especializado para la población indígena.
Se universalizó la Canasta Básica de Útiles Escolares, beneficiando a 1,4 millones de personas; se declaró obligatoria y gratuita la Educación Media e Inicial. En el año 2002 el censo estimada la existencia de 1,8 millones de personas sin cédula de identidad, y los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares del 2010 arrojó el resultado de 921.000 personas sin documento, cumpliendo en parte el objetivo del derecho a la identidad de las personas.
En el año 2008, aproximadamente el 45 por ciento del total de comunidades indígenas registradas no tenían acceso a la tierra propia. A fin de cubrir ese déficit, el gobierno de Lugo fijó como meta la titulación de 280.000 hectáreas para comunidades indígenas y se retira habiendo titulado 128.000 hectáreas, lo que representa el 46 por ciento de la meta establecida.
Mientras tuvo el respaldo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la segunda fuerza del país después de los “colorados”, Lugo pudo mantener a flote el barco. Pero este año empezó a hacer aguas y acabó hundiéndose. El PLRA fue tomando distancia aceleradamente y terminó de apartarse el 15 de junio, después de los incidentes en un predio rural del noreste del país, en el que murieron 11 campesinos y 6 policías. (DPA)
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